La privada da la obra para eliminar malos olores de la desembocadura por acabada. Ha actuado en menos metros de lo exigido. Pomares restó importancia al asunto

11/12/14. Sociedad. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com ha remitido un escrito ante el Fiscal Jefe de Málaga. Los hechos denunciados son que las obras para acabar con los malos olores de la desembocadura del Guadalmedina se han llevado a cabo en 90 metros menos de lo estipulado por contrato, circunstancia despreciada por el concejal de Ordenación del Territorio de la capital, Francisco Pomares.

Según el edil, “que se hagan 250 metros o 170 es lo de menos, siempre que se cumpla con el objetivo”, que para él es eliminar estos malos olores. Pomares podría incurrir en un delito de prevaricación omisiva, y en otro de omisión de perseguir delitos. Los hechos también pueden ser constitutivos de fraude a la administración o falsedad de documento oficial.

LOS
vecinos fueron los primeros en dar la voz de alarma: OHL, la privada que ha sido contratada por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para poner fin a los malos olores de la desembocadura del río Guadalmedina, ha dado su trabajo casi por terminado habiendo intervenido en varios metros menos del cauce de los que se habían estipulado. El proyecto, licitado por 476.000 euros, tenía previsto intervenir en 260 metros de la desembocadura, pero solo lo ha hecho en 170, si bien el precio del contrato no ha disminuido. Ante esta circunstancia el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, decidió quitar hierro al asunto y manifestó que el trabajo en metraje hecho “es lo de menos”, a pesar de que la licitación del proyecto contemplaba con exactitud la actuación “sobre una superficie de lámina de agua de 260x50 metros”.

LA denuncia que esta revista remite al Fiscal Jefe de Málaga incide en la posibilidad de que estos hechos constituyan fraude a la administración o un delito de falsedad en documento oficial, pero también señala a responsables políticos. Responsables políticos que, por otro lado, ya exigió el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga el viernes pasado, y cuya única respuesta ha sido la de Pomares restando importancia al hecho de que una empresa contratada no cumpla los términos por los cuales se le dio un proyecto.

POMARES, por ejemplo, podría incurrir en un “delito de prevaricación por omisión dolosa o imprudente”, tal y como se recoge en el Código Penal. El texto remacha que existe una “obligación legal de actuar cuando una concesionaria no ejecuta la obra adjudicada y cobrada” e incide en que los responsables políticos del Ayuntamiento malagueño, entre ellos el propio Pomares, también podrían haber cometido un delito “de omisión del deber de perseguir delitos”.

DE esta forma, el escrito también propone unas primeras diligencias, como realizar una prueba pericial que valore la obra adjudicada y la realmente realizada, y exigir declaraciones del responsable de la privada, OHL, en Málaga, así como a los técnicos responsables de redactar el proyecto, al gerente de Urbanismo y al propio edil competente, en este caso, Francisco Pomares.

PARA evitar más malos olores, el proyecto, que tenía dos meses de plazo de ejecución y cuyas obras comenzaron en agosto (con cinco meses de retraso, por la dificultad de traer una maquinaria especializada de Suiza), contemplaban la succión del agua con lodo estancado. Este lodo ha sido tratado en una planta en la que separan gravas, arenas y arcillas mediante un proceso de deshidratación, por lo que estos materiales podrán ser reusados. Ahora se está terminando de colocar una capa de hormigón de unos diez centímetros de espesor a fin de que se impermeabilice el lecho, para facilitar futuras limpiezas. Las obras se han retrasado además, una vez comenzadas, porque una de las succionadoras se estropeó. Los trabajos no han contentado en ningún momento a los vecinos, muchos de los cuales comenzaron a denunciar que el cauce intervenido es insuficiente para acabar con los malos olores desde hace meses.

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