El informe del Defensor acusa al Ayuntamiento de Francisco de la Torre de entorpecer sus investigaciones sobre “irregularidades urbanísticas” en la capital

El informe del Defensor acusa al Ayuntamiento de Francisco de la Torre de entorpecer sus investigaciones sobre “irregularidades urbanísticas” en la capital
12/07/07. Sociedad. El
informe anual del Defensor del Pueblo de España consultado por EL
OBSERVADOR /
www.revistaelobservador.com confirma a Málaga por segundo año
consecutivo como la provincia andaluza que más recurre a esta institución con
893 expedientes contabilizados. El voluminoso documento señala las obstrucciones
a la investigación de “irregularidades urbanísticas” cometidas por el
Ayuntamiento regido por Francisco de la Torre. Las condiciones higiénicas del
‘melillero’, los abusos en el Centro de Internamiento de Extranjeros, la trama
de corrupción en la aduana del aeropuerto Pablo Ruiz Picasso, la negativa de la
Junta de Andalucía a restaurar el acueducto de San Telmo o las carencias del
servicio postal de Fuengirola, entre los asuntos provinciales tratados por el
Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.
CON
893
expedientes de queja en 2006 frente a los 699 de Sevilla o los 252 de Huelva,
Málaga se coloca por segundo año consecutivo como la provincia andaluza que más
recurre al Defensor del Pueblo, según se desprende del informe anual de esta
institución en 2006. Una detallada memoria en la que el organismo dirigido por
Enrique Múgica deja constancia de los hechos más relevantes que han requerido de
su intervención en 2006.
UNO de los que sale
peor parado en este documento es el Ayuntamiento de Málaga dirigido por
Francisco de la Torre, al que se le acusa de entorpecer la labor de
investigación del Defensor al negarse en reiteradas ocasiones a facilitar un
informe sobre “edificaciones ilegales”. Precisamente uno de los aspectos de su
gestión sobre el que más alardea el alcalde del Partido Popular. Málaga se
convierte así junto con Burgos en la única capital de provincia señalada como
entorpecedora por este organismo.
AUNQUE no es éste el
único asunto sobre el que ha trabajado esta institución. Especial atención
merecen en la memoria anual la situación del Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE), que viene vigilando desde 2003 y que en 2006 volvió salir a
la palestra por los abusos que varios uniformados cometieron presuntamente sobre
internas del recinto. El informe afirma que persisten “las carencias ya
indicadas con ocasión de la anterior visita”, advierte de que “proseguirá la
labor de vigilancia del centro” y reconoce algunos avances en materias de
higiene y asistencia social.
LA oficina del Defensor da cuenta también
de la investigación abierta de oficio tras la aparición en prensa de un supuesto
caso de corrupción por parte de varios agentes de la Guardia Civil en el
servicio de aduanas del aeropuerto de Málaga. “Al parecer se trata de una trama
organizada entre los subordinados para realizar cobros ilegales a pasajeros a
cambio de vigilar u omitir los trámites aduaneros en el control de
equipajes”.
SOBRE el
servicio del ‘melillero’, los barcos que conectan a la ciudad autónoma con la
península, se señala la rebaja del número de efectivos y viajes, así como la
reducción de las condiciones de higiene de los barcos “que no eran las mínimas
exigibles para este tipo de servicio, no existiendo a bordo de dichos buques
hojas de reclamaciones a disposición de los pasajeros”.
OTRA de las
administraciones señaladas en el informe es la de Frigiliana, a la que ponen
como ejemplo “prácticas
contrarias al principio de igualdad en el acceso a las funciones y cargos
públicos: se deben mencionar las quejas presentadas contra la exigencia de
elevadas tasas de derechos de examen para poder participar en ciertas
oposiciones, tal y como ha sucedido con el Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga)
que ha establecido la cantidad de 300 euros, sin que la misma figurase en
ninguna ordenanza fiscal, para poder participar en las pruebas selectivas para
la subescala de auxiliares de administración general, cuando, en otras
convocatorias examinadas por esta Defensoría para acceder al empleo público en
categorías similares, las tasas por derechos de examen no suelen sobrepasar los
20 euros”.
LA
actuación
del gobierno andaluz en Málaga, o más bien su desidia, es también objeto de
crítica en la memoria en el capítulo referido a la degradación del acueducto de
san Telmo. ”El
Ayuntamiento de Málaga hace hincapié en la especial responsabilidad de la Junta
de Andalucía, al tener sin resolver el expediente incoado en 1985 para su
declaración como bien de interés cultural y para establecer las directrices de
conservación y tratamiento del
monumento protegido. El informe del Ayuntamiento de Málaga no pudo ser contrastado con