El informe del Defensor acusa al Ayuntamiento de Francisco de la Torre de entorpecer sus investigaciones sobre “irregularidades urbanísticas” en la capital

 

enrique_mujica12/07/07. Sociedad. El informe anual del Defensor del Pueblo de España consultado por EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com confirma a Málaga por segundo año consecutivo como la provincia andaluza que más recurre a esta institución con 893 expedientes contabilizados. El voluminoso documento señala las obstrucciones a la investigación de “irregularidades urbanísticas” cometidas por el Ayuntamiento...

El informe del Defensor acusa al Ayuntamiento de Francisco de la Torre de entorpecer sus investigaciones sobre “irregularidades urbanísticas” en la capital

 

enrique_mujica12/07/07. Sociedad. El informe anual del Defensor del Pueblo de España consultado por EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com confirma a Málaga por segundo año consecutivo como la provincia andaluza que más recurre a esta institución con 893 expedientes contabilizados. El voluminoso documento señala las obstrucciones a la investigación de “irregularidades urbanísticas” cometidas por el Ayuntamiento regido por Francisco de la Torre. Las condiciones higiénicas del ‘melillero’, los abusos en el Centro de Internamiento de Extranjeros, la trama de corrupción en la aduana del aeropuerto Pablo Ruiz Picasso, la negativa de la Junta de Andalucía a restaurar el acueducto de San Telmo o las carencias del servicio postal de Fuengirola, entre los asuntos provinciales tratados por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.

CON 893 expedientes de queja en 2006 frente a los 699 de Sevilla o los 252 de Huelva, Málaga se coloca por segundo año consecutivo como la provincia andaluza que más recurre al Defensor del Pueblo, según se desprende del informe anual de esta institución en 2006. Una detallada memoria en la que el organismo dirigido por Enrique Múgica deja constancia de los hechos más relevantes que han requerido de su intervención en 2006.
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UNO de los que sale peor parado en este documento es el Ayuntamiento de Málaga dirigido por Francisco de la Torre, al que se le acusa de entorpecer la labor de investigación del Defensor al negarse en reiteradas ocasiones a facilitar un informe sobre “edificaciones ilegales”. Precisamente uno de los aspectos de su gestión sobre el que más alardea el alcalde del Partido Popular. Málaga se convierte así junto con Burgos en la única capital de provincia señalada como entorpecedora por este organismo.

AUNQUE no es éste el único asunto sobre el que ha trabajado esta institución. Especial atención merecen en la memoria anual la situación del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), que viene vigilando desde 2003 y que en 2006 volvió salir a la palestra por los abusos que varios uniformados cometieron presuntamente sobre internas del recinto. El informe afirma que persisten “las carencias ya indicadas con ocasión de la anterior visita”, advierte de que “proseguirá la labor de vigilancia del centro” y reconoce algunos avances en materias de higiene y asistencia social.

LA oficina del Defensor da cuenta también de la investigación abierta de oficio tras la aparición en prensa de un supuesto caso de corrupción por parte de varios agentes de la Guardia Civil en el servicio de aduanas del aeropuerto de Málaga. “Al parecer se trata de una trama organizada entre los subordinados para realizar cobros ilegales a pasajeros a cambio de vigilar u omitir los trámites aduaneros en el control de equipajes”.


SOBRE el servicio del ‘melillero’, los barcos que conectan a la ciudad autónoma con la península, se señala la rebaja del número de efectivos y viajes, así como la reducción de las condiciones de higiene de los barcos “que no eran las mínimas exigibles para este tipo de servicio, no existiendo a bordo de dichos buques hojas de reclamaciones a disposición de los pasajeros”.

 

OTRA de las administraciones señaladas en el informe es la de Frigiliana, a la que ponen como ejemplo “prácticas cfrigilianaontrarias al principio de igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos: se deben mencionar las quejas presentadas contra la exigencia de elevadas tasas de derechos de examen para poder participar en ciertas oposiciones, tal y como ha sucedido con el Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga) que ha establecido la cantidad de 300 euros, sin que la misma figurase en ninguna ordenanza fiscal, para poder participar en las pruebas selectivas para la subescala de auxiliares de administración general, cuando, en otras convocatorias examinadas por esta Defensoría para acceder al empleo público en categorías similares, las tasas por derechos de examen no suelen sobrepasar los 20 euros”.


LA actuación del gobierno andaluz en Málaga, o más bien su desidia, es también objeto de crítica en la memoria en el capítulo referido a la degradación del acueducto de san Telmo. ”El Ayuntamiento de Málaga hace hincapié en la especial responsabilidad de la Junta de Andalucía, al tener sin resolver el expediente incoado en 1985 para su declaración como bien de interés cultural y para establecer las directrices de conservación y tratamiento del

monumento protegido. El informe del Ayuntamiento de Málaga no pudo ser contrastado con

la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía al haber desatendido, tanto la solicitud inicial de informe que se le cursó en diciembre de 2004, como los tres sucesivos requerimientos cursados a lo largo de 2005. La falta de respuesta al último requerimiento formulado, que incluía la advertencia de considerar la actitud de la Consejería de Cultura como hostil y entorpecedora del ejercicio de las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas el Defensor del Pueblo, llevó a esta Institución a remitir a la Presidencia de la Junta de Andalucía todos los antecedentes de la queja, a fin de que se nos informase sobre el estado de tramitación del expediente y las causa por las que la Consejería de Cultura había hecho caso omiso de los sucesivos requerimientos”, expone la memoria, para recordar que “ya en febrero de 2002 se nos trasladó por la propia Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía un compromiso, claramente incumplido, de resolver la declaración del  acueducto como Bien de Interés Cultural en ‘próximos meses’ según se decía”.