En un escrito el Fiscal Jefe de Málaga señala que se investigarán los hechos y presuntos responsables

19/01/15. Sociedad. El Fiscal Jefe de Málaga Juan Carlos López Caballero ha admitido a trámite la denuncia que EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com presentó contra el concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Málaga Francisco Pomares. La denuncia señalaba delitos de prevaricación omisiva. Pomares, en el diario Sur, dijo que el hecho de que en las obras de acondicionamiento de...

...la desembocadura del Guadalmedina (que pretendían atajar el mal olor que sufren los vecinos desde hace años) es “lo de menos” que se hayan intervenido más o menos metros, siendo lo importante el acabar con el hedor. La privada contratada, OHL, tenía que trabajar sobre una lámina de 260 metros de largo, y lo ha hecho sobre una de 170.

EL escrito del Fiscal Jefe, fechado el pasado 29 de diciembre, atiende la denuncia de esta revista, que señalaba cómo el edil defendió que “que se hagan 250 metros o 170 es lo de menos, siempre que se cumpla con el objetivo”. Para él, eliminar los malos olores de la desembocadura del Guadalmedina. Pomares podría incurrir en un delito de prevaricación omisiva, y en otro de omisión de perseguir delitos. Los hechos también pueden ser constitutivos de fraude a la administración o falsedad de documento oficial.

LOS
vecinos fueron los primeros en dar la voz de alarma: OHL, la privada que ha sido contratada por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para poner fin a los malos olores de la desembocadura del río Guadalmedina, dio a principios de diciembre su trabajo casi por terminado habiendo intervenido en varios metros menos del cauce de los que se habían estipulado. El proyecto, licitado por 476.000 euros, tenía previsto intervenir en 260 metros de la desembocadura, pero solo lo ha hecho en 170, si bien el precio del contrato no ha disminuido. Ante esta circunstancia el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, decidió quitar hierro al asunto y manifestó que el trabajo en metraje hecho “es lo de menos”, a pesar de que la licitación del proyecto contemplaba con exactitud la actuación “sobre una superficie de lámina de agua de 260x50 metros”.


LA
denuncia aceptada incidía en la posibilidad de que estos hechos constituyan fraude a la administración o un delito de falsedad en documento oficial, pero también señalaba a responsables políticos. Responsables políticos que, por otro lado, ya exigió el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga el viernes pasado, y cuya única respuesta ha sido la de Pomares restando importancia al hecho de que una empresa contratada no cumpla los términos por los cuales se le dio un proyecto. IU insiste y llevará el caso a la Comisión de Transparencia.

POMARES,
por ejemplo, podría incurrir en un “delito de prevaricación por omisión dolosa o imprudente”, tal y como se recoge en el Código Penal. El texto remachaba que existe una “obligación legal de actuar cuando una concesionaria no ejecuta la obra adjudicada y cobrada” e incide en que los responsables políticos del Ayuntamiento malagueño, entre ellos el propio Pomares, también podrían haber cometido un delito “de omisión del deber de perseguir delitos”.

EL escrito proponía unas primeras diligencias, como realizar una prueba pericial que valore la obra adjudicada y la realmente realizada, y exigir declaraciones del responsable de la privada, OHL, en Málaga, así como a los técnicos responsables de redactar el proyecto, al gerente de Urbanismo y al propio edil competente, en este caso, Francisco Pomares.

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