Competencia señala en un DOSSIER los correos que se enviaban estas mercantiles para acordar cómo quedarse con la gestión del Consorcio Provincial de Residuos. IU pedirá anular el contrato y que Elías Bendodo comparezca en el pleno

28/01/15. Sociedad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha destapado una trama de contratos fraudulentos en la gestión pública de residuos. Entre las 39 mercantiles acusadas se encuentran Urbaser y FCC. Estas empresas trabajan en Málaga y son socias de Limasa, la sociedad del Ayuntamiento de la capital que recoge las basuras. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com ofrece a sus...

...lectores la resolución íntegra de Competencia (de cerca de 200 páginas) con la que se justifica la multa de 98,2 millones de euros a 39 empresas y 3 asociaciones. El documento descubre que el contrato de la Diputación de Málaga, también con Urbaser y FCC, está entre los fraudulentos, lo que ha desatado la indignación de la oposición en el ente provincial. IU solicitará la comparecencia de Elías Bendodo y la anulación del contrato entre Urbaser y FCC con el organismo provincial, que asciende a los 76 millones de euros. “Es un tema de extrema gravedad, más aun teniendo en cuenta que algunas de las empresas multadas aparecían en los papeles de Bárcenas como presuntos donantes del PP”, señala la portavoz de IU, Toni Morillas.

COMPETENCIA ha sancionado con un total de 98,2 millones de euros a 39 empresas y tres asociaciones de gestión de residuos. El motivo, una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), que se plasmó en diversas conductas que la propia CNMC reseña en una resolución de 198 páginas (AQUÍ). La norma vulnerada prohíbe “todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia”. La resolución señala cómo el contrato que el Consorcio Provincial de Residuos adjudicó en 2013 a FCC y a Urbaser por 76 millones de euros es fraudulento, ya que ambas sociedades, que concurrieron en una Unión Temporal de Empresas (UTE) mantenían conversaciones por correo electrónico desde hacía años, con el objeto de acordar los términos de la adjudicación. En el dossier adjunto se pueden comprobar las fechas, entradas y salidas de estos correos, incluso los asuntos de los mismos.

TONI
Morillas, portavoz de Izquierda Unida en el pleno provincial, pedirá la comparecencia de Bendodo en calidad de presidente de la Diputación y del PP provincial, y solicitará la anulación del contrato del Consorcio Provincial de Residuos (de cerca de 80 millones de euros) con estas empresas. En declaraciones a esta revista, Morillas explicó que éste “es un tema de extrema gravedad, más teniendo en cuenta que algunas de las empresas multadas aparecían en los papeles de Bárcenas como presuntos donantes del PP”.

AUNQUE
la resolución de la CNMC no alude en ningún momento a lo que ocurre en Málaga capital, es conveniente recordar que, a nivel municipal, FCC y Urbaser son las mismas empresas que poseen, junto a la constructora malagueña SANDO, el 51% de la empresa de recogida de basuras del Consistorio. Competencia, en cualquier caso, sí adelanta que el periodo de irregularidades se viene produciendo desde el año 2000, y fue en 2001 cuando los privados entraron en el consejo de la empresa mixta Limasa.

DE
2007 a 2013 los privados se quedaron con 51,3 millones de euros en ganancias empresariales, lo que motivó que María Gámez adelantase a finales del año pasado que incluiría en su programa electoral un plan de remunicipalización de la sociedad. Para la candidata socialista a la alcaldía, estas empresas han ganado esta cuantía “sin que hayan mostrado ninguna sensibilidad con la situación de la plantilla o del deficiente servicio que se presta”.

PARA
Competencia, que sanciona con cerca de 100 millones de euros estas prácticas a 39 empresas, han quedado acreditados “contactos y acuerdos bilaterales entre determinadas empresas del sector, habitualmente grandes operadores en el saneamiento urbano”, entre ellas, FCC y Urbaser, “para la concurrencia en licitaciones públicas y otras actuaciones en determinadas áreas territoriales”, como Madrid, Ceuta, Melilla o Málaga. Las empresas decidieron “boicotear aquellas licitaciones de las administraciones que no se ajustaban a sus intereses”.

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