El colectivo okupa defiende que tomaron el inmueble en 2007 porque estaba abandonado o que no reciben ni ayudas ni subvenciones. En realidad había proyectos para el edificio y sí reciben dinero de administraciones

05/02/15. Sociedad. Los activistas del ‘núcleo duro’ de La Casa Invisible mantienen que el desalojo apresurado de este centro social okupado en la víspera de la Nochebuena pasada tiene tintes políticos. No explican los motivos al completo que motivaron a Urbanismo a dictaminar el cierre del edificio a actividades “de concurrencia pública”. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com ofrece...

...íntegros a sus lectores tanto el informe técnico como la resolución de clausura. La tarde del pasado 23 de diciembre todos los participantes de un mercadillo de artesanías que se estaba celebrando en el centro fueron desalojados por la policía. Entonces se desató una campaña gestionada por los que actúan como representantes del colectivo que okupa el bloque de calle Nosquera 9 y 11, y que ya ha recaudado más de 17.000 euros para acometer una serie de reformas que la misma corporación municipal exige para poder reabrir el lugar. Para pedir fondos, La Casa Invisible ha lanzado un vídeo de unos minutos de duración en la que mantienen que no reciben subvenciones o que el inmueble fue okupado en el año 2007 porque llevaba ya todo un curso abandonado, siendo propiedad del Consistorio. Aclaramos los hechos.

PINCHE AQUÍ para ver el informe técnico y AQUÍ para ver la resolución de clausura. El segundo, a fecha de 23 de diciembre, resuelve el cierre cautelar de La Casa Invisible para las actividades de libre concurrencia y da traslado a varios departamentos de Urbanismo y áreas del Ayuntamiento. Por ejemplo, al Área de Comercio para que tenga constancia de que en el seno del centro okupado se regentaba un bar sin licencia. El primero es un informe técnico contundente firmado por el Cuerpo de Bomberos Municipal.

LA resolución de clausura alude al informe emitido por los bomberos para señalar las deficiencias encontradas en el centro okupado en una visita al mismo realizada el pasado 27 de noviembre. Allí se encuentra lo que ya se ha dicho: cables sin mangueras de protección, cuadros eléctricos sin protección y en salas de uso público, multitud de empalmes, cables que discurren desde la planta baja hasta la tercera por los patios sin garantías de protección ni canalizaciones, insuficiencia de alumbrado de evacuación y emergencia… e incluso hasta cuatro multiplicadores conectados en serie. El bloque tampoco cuenta con las medidas de protección contra incendios mínimas exigibles o dotación suficiente de extintores o alarmas.

PERO
lo que llama la atención es un párrafo en el que el Departamento de Licencias y Protección Urbanística de la Gerencia Municipal de Urbanismo explica cómo el 2 de marzo de 2012 La Invisible remitía a este servicio un comunicado donde señala que ha finalizado la vigencia del protocolo de intenciones. Dicho protocolo, que esta revista ya ha publicado en otras ocasiones (AQUÍ) fue firmado a principios de 2011 entre los okupas, el Ayuntamiento, la Diputación, la Delegación de Cultura de la Junta y el Museo Reina Sofía. Dado que el protocolo había culminado su vigencia sin comunicaciones efectivas entre los activistas y el Ayuntamiento, los primeros señalaron a Urbanismo que es el segundo el que “deberá responder por el inmueble en tanto no se suscriba el nuevo convenio de cesión”.

EL
documento que resuelve la clausura del edificio también llama la atención porque en una visita al inmueble de técnicos municipales (para analizar los daños de unos desprendimientos del mismo bloque) el colectivo okupa “pone de manifiesto” que se han realizado obras “sin especificar el alcance” de las mismas, “y sin que conste hasta el momento en esta entidad ni proyecto, ni licencia, ni orden de ejecución, ni permiso alguno que los ampare, ni tampoco dirección facultativa que certifique los trabajos realizados a pesar de que se tratan de elementos estructurales fundamentales, y sin garantías de protección y conservación de los elementos protegidos”.

EN
dos semanas La Invisible habrá culminado su campaña de microfinanciación a través de la red en la que ya llevan reunidos más de 17.000 euros, todo para acometer unas obras de mejora en el inmueble. Ahora, ¿con qué licencia? ¿Quién las dirigirá? Y una pregunta que difícilmente responden: ¿quiénes se hacen responsables?

LA
Invisible lleva años realizando obras sin licencia, con un bar sin licencia, y con un alcalde que ha llegado a reconocer que tras expirar el protocolo de intenciones suscrito entre corporación y okupas dio al espacio una cobertura “no legal” (AQUÍ), motivo por el cual esta revista denunció al primer edil (ver relacionadas).


https://www.youtube.com/watch?v=iv6kZydVKUw

PRECISAMENTE
en el vídeo en el que La Invisible pretende recaudar fondos se cita el hecho de que en el momento de su okupación, el edificio de calle Nosquera 9 y 11 estaba abandonado desde hacía un año. Efectivamente, el bloque había sido expropiado en marzo de 2006, y fue okupado en marzo de 2007. En cualquier caso, en enero de 2007 el concejal Julio Andrade preparaba un centro de emprendedores culturales en este enclave, bajo el paraguas de la empresa Promálaga, tal y como informó el diario Sur en enero de ese año (AQUÍ). Lo que no logró en calle Nosquera lo hará el Ayuntamiento en la antigua prisión provincial de Cruz de Humilladero. Esta revista recuerda que en los días siguientes al momento de la okupación algunos líderes de la asamblea de gestión de esta casa okupada, entre ellos Nico Sguiglia, se personaron en la redacción de EL OBSERVADOR para que el director les informara de la situación legal del inmueble que acababan de tomar, puesto que esta revista había publicado varios reportajes sobre dicha casa, en los que se daba cuenta de que era un edificio expropiado por el Ayuntamiento y las intenciones de este de instalar allí una incubadora de empresas.

EN
el vídeo los activistas también aseguran que no reciben subvenciones. Sin embargo, desde La Casa han pedido hasta 7.000 euros en subvenciones (AQUÍ y AQUÍ) e incluso recibido una de la Junta de Andalucía por valor de más de 15.000 euros (ver convocatoria resuelta AQUÍ). Todo a través de las asociaciones creadas por los activistas para dotar de personalidad jurídica a la fundación que okupa el bloque desde 2007. En las relacionadas puede encontrar informaciones de hace ocho años en las que esta revista detallaba cómo sucedió la okupación y cuáles eran los planes previos y posteriores al inmueble municipal, por el cual el Ayuntamiento tiene que pagar más de 3 millones de euros en concepto de justiprecio a sus anteriores propietarios, ya que el bloque fue expropiado hace casi una década.

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