La polémica forzó ayer un agrio debate en la Comisión de Transparencia. En julio se advirtió a la adjudicataria de que entraba en situación “de riesgo” y de “pérdida de rendimiento” que tendría que ser asumida económicamente por ella

05/02/15. Sociedad. El Ayuntamiento de Málaga negó ayer en la Comisión de Transparencia los sobrecostes producidos en las obras contratadas a OHL para acabar con los malos olores de la desembocadura del río Guadalmedina. Defiende que el cambio de proyecto (tras constatar “la no idoneidad del método previsto”) carece de repercusión económica. Se contrató a la privada para trabajar sobre una lámina...

...de 245 metros y finalmente se ha trabajado en 170, pero el importe sufragado ha sido el mismo. El edil de Urbanismo, Francisco Pomares (PP), llegó a comparecer ante los medios para restar importancia al asunto, motivo por el que EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com presentó una denuncia ante Fiscalía que será ampliada hoy mismo. Esta publicación ha accedido al expediente de estas obras. Son 200 páginas llenas de retrasos, plazos incumplidos e incluso un informe desfavorable al Plan de Seguridad que se planteó en un principio para la intervención. Pero lo que más sorprende, señala el concejal de Izquierda Unida Eduardo Zorrilla, es que no conste “ni un informe jurídico” en todo el expediente, “imprescindibles para justificar una modificación de proyecto”, ni el certificado de obra que demuestre que la misma se ha realizado a tenor de lo acordado. A pesar de ello, el Ayuntamiento recepcionó la obra sin ningún problema el pasado 22 de enero. Sergio Brenes, del PSOE, también acudió a la Comisión, y se sorprende de que el problema se asemeje más al de la Málaga del siglo XVII que al de la Málaga del siglo XXI.

LA Comisión Especial de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que se celebró ayer era la primera del año, duró cinco horas y recogió varios debates agrios. Entre los temas tratados se encontraban el sobrecoste del Centro Pompidou, la polémica de Teresa Porras y la grúa municipal y las obras contra los malos olores que sufren los residentes próximos a la desembocadura del Guadalmedina. Tras finalizar la Comisión, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Eduardo Zorilla, salía indignado, y señalaba la ausencia de informes jurídicos en las más de doscientas páginas del expediente de las obras del río. Precisamente fue esta formación la que llamó la atención a principios de diciembre del año pasado por el sobrecoste en esta intervención, cuando la obra contratada a Obrascon Huarte Lain S.A. (OHL) suponía trabajar sobre una lámina de agua de 245 metros y finalmente se ha intervenido en 170, un tercio menos.

EL
expediente de estos trabajos recoge la modificación del proyecto original “sin repercusión económica”. A ese clavo ardiendo se agarró ayer el equipo de Gobierno municipal en la Comisión, defendiendo que la modificación de proyecto no había supuesto en ningún caso un incremento de la inversión. Sin embargo, Zorrilla (IU) señalaba lo obvio a la salida de la misma: se ha trabajado en un tercio menos de los metros acordados y se ha pagado lo mismo. El contrato, formalizado en marzo de 2014 con OHL, asciende a 476.755 euros. Al final del expediente de obras se aprecia cómo se traslada informe con una propuesta de recepcionar las obras, aunque todavía no se cuenta con ningún certificado de las mismas.

TANTO
IU, que llevó la polémica a la Comisión de Transparencia, como el PSOE, presentaron ayer su pesar por unos sobrecostes que en todo momento negaron desde el equipo de Gobierno municipal. Sergio Brenes, del Grupo Municipal Socialista, incidió en conversación con esta revista en el hecho de que el Ayuntamiento tenga más interés en defender los intereses de una empresa privada como OHL que los recursos públicos. Zorrilla, por su parte, enfatizó más en la carencia de informes jurídicos en el expediente, a lo que desde el equipo de Gobierno se llegó a señalar que uno de los decretos cuenta con firmas del equipo jurídico del Ayuntamiento, “ilegibles” e insuficiente para el edil de IU.

LA
lectura completa del expediente arroja un sinfín de retrasos, plazos incumplidos, suspensiones temporales de obra e incluso informes desfavorables que no por cotidianos resultan menos indignantes. En marzo se adjudica el proyecto de dragar el lodo acumulado en el fondo del cauce del Guadalmedina a OHL en un procedimiento negociado al que se invitó a varias sociedades. Finalmente es la empresa, propiedad del empresario Villar Mir, la que consigue el proyecto. Lo hace después de que fuese la propia privada que acabaría ganando la que solicitase una prórroga para entregar más tarde la oferta económica, ya que el primer plazo era hasta el 16 de enero de 2014. OHL alegó entonces a las festividades navideñas de 2013 y 2014. El Consistorio accedió y las privadas pudieron entregar sus ofertas el 31 de enero de 2014, hace poco más de un año.

EN
abril de 2014 las obras todavía no habían comenzado y se paralizaron porque el Ayuntamiento aún no contaba con los permisos de la Demarcación de Costas y de Medio Ambiente para intervenir en el cauce y en zonas que son propiedad de la Autoridad Portuaria de Málaga. Se preveía entonces que la intervención comenzaría a principios de junio, pero a finales de ese mismo mes llegaba un informe desfavorable al Plan de Seguridad de la obra. El escrito del Consistorio pedía a la empresa más concreción en el informe, dado que muchos aspectos resultaban genéricos.


ASÍ,
a la espera de las autorizaciones pertinentes y de la entrega de un nuevo Plan de Seguridad, comienzan los atrasos. A principios de julio se aprueba finalmente este plan y se propone que para el 10 de ese mes se levante la suspensión de la obra. El 21 se autorizan las obras y del 10 de agosto se vuelve a posponer el plazo para que puedan finalizar el 30 de septiembre.

TRES
días después, el 24 de julio, “se constata que no se ha finalizado el montaje de dicha planta de tratamiento de lodos y no se ha recibido la maquinaria de dragado (proveniente de Suiza), por lo que es imposible comenzar los trabajos por causas imputables al contratista”. En un documento Urbanismo llega a advertir a OHL de que entra “en una situación de riesgo y pérdida de rendimientos en la ejecución de las obras”, cuyas implicaciones económicas deben ser asumidas por la privada.


ES
ya en septiembre cuando se plantea redactar un “proyecto modificado sin repercusión económica” y la documentación municipal alude incluso al artículo 107 de la Ley de Contratos Públicos. El Consistorio alega que por razones “técnicas y económicas” es “preferible cambiar el procedimiento”. Finalmente, en lugar de utilizarse una dragadora, se utilizan retroexcavadoras dado que el fango extraído tiene un grado de sequedad del 30% y eso implica que puede ser depositado en vertederos municipales.

EL
expediente también alberga documentos que se refieren a una serie de “condicionantes” que hacen que finalmente se trabaje en un tercio menos de los metros contratados, a pesar de que se pague exactamente lo estipulado en el contrato en marzo del año pasado.


ESTA
revista ampliará su denuncia contra el Ayuntamiento de Málaga y el edil Pomares, interpuesta el pasado 10 de diciembre cuando el concejal de Urbanismo llegó a declarar que se trabajen 250 ó 170 metros “es lo de menos, siempre que se cumpla con el objetivo”. Atendiendo a la misma documentación que figura en el expediente de obras se entiende que ni siquiera se cumple. Un informe del Departamento de Arquitectura y Conservación de la Gerencia de Urbanismo de abril de 2013 es tajante en ese sentido. En caso de que la opción sea rellenar 210 metros de la desembocadura, eliminando el agua, “no supone una eliminación de los malos olores, sino una traslación del problema alrededor de 210 metros”. Las obras finalmente se han trabajado sobre una superficie de 170 metros.

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