Se contrataron actuaciones sobre 245 metros de la desembocadura pero la empresa sólo actuó en 170. El Consistorio ha abonado el montante total y niega sobrecostes

09/02/15. Sociedad. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com ha ampliado la denuncia que presentó el pasado mes de diciembre ante la Fiscalía de Málaga para que se investigara por qué la empresa encargada de acabar con los malos olores en la desembocadura del río Guadalmedina de la capital malagueña había actuado sobre menos superficie de la contratada sin que el Ayuntamiento, con su...

...edil de Urbanismo, Francisco Pomares (PP), a la cabeza ofrecieran ninguna explicación al respecto. De hecho, el Consistorio parece ignorar este hecho y sigue negando sobrecostes en el proyecto.

AUNQUE
se contrató a la empresa Obras con Huarte Lain S.A. (OHL) para trabajar sobre una lámina de 245 metros, finalmente los arreglos se ejecutaron en 170, siendo el importe sufragado por la entidad local el mismo. Tal y como argumenta esta revista en su denuncia, el  Ayuntamiento de Málaga defiende el cambio de proyecto (tras constatar “la no idoneidad del método previsto”) y mantiene que carece de repercusión económica. Eso, pese a que, además, la forma de dragado conllevaba en principio el traslado de maquinaria pesada de última generación desde Suiza, cuyo uso finalmente no fue necesario, siendo suficiente la utilización de “retroexcavadoras”.

ADEMÁS,en las 200 páginas que ocupa el informe de esta actuación, al que ha tenido acceso EL OBSERVADORy que ha sido aportado en la ampliación de la denuncia, puede apreciarse que en diciembre del año 2013 se realizaron las propuestas, modificaciones y adjudicaciones y contratos administrativos necesarios para la ejecución de la obra, sin que conste ningún informe jurídico sobre la modificación “sin repercusión económica” del proyecto. Tampoco figura ningún informe jurídico, obligatorio en cualquier expediente, tal y como puso de manifiesto el concejal de Izquierda Unida Eduardo Zorrilla en la Comisión de Transparencia celebrada en el Ayuntamiento de Málaga la semana pasada y que dedicó gran parte de su tiempo a analizar este asunto.

LA lectura completa del expediente de este caso arroja un sinfín de retrasos, plazos incumplidos, suspensiones temporales de obra e incluso informes desfavorables que no por cotidianos resultan menos indignantes. En marzo se adjudica el proyecto de dragar el lodo acumulado en el fondo del cauce del Guadalmedina a OHL en un procedimiento negociado al que se invitó a varias sociedades. Finalmente es la empresa, propiedad del empresario Villar Mir, la que consigue el proyecto. Lo hace después de que fuese la propia privada que acabaría ganando la que solicitase una prórroga para entregar más tarde la oferta económica, ya que el primer plazo era hasta el 16 de enero de 2014. OHL alegó entonces a las festividades navideñas de 2013 y 2014. El Consistorio accedió y las privadas pudieron entregar sus ofertas el 31 de enero de 2014, hace poco más de un año.

EN abril de 2014 las obras todavía no habían comenzado y se paralizaron porque el Ayuntamiento aún no contaba con los permisos de la Demarcación de Costas y de Medio Ambiente para intervenir en el cauce y en zonas que son propiedad de la Autoridad Portuaria de Málaga. Se preveía entonces que la intervención comenzaría a principios de junio, pero a finales de ese mismo mes llegaba un informe desfavorable al Plan de Seguridad de la obra. El escrito del Consistorio pedía a la empresa más concreción en el informe, dado que muchos aspectos resultaban genéricos.


ASÍ, a la espera de las autorizaciones pertinentes y de la entrega de un nuevo Plan de Seguridad, comienzan los atrasos. A principios de julio se aprueba finalmente este plan y se propone que para el 10 de ese mes se levante la suspensión de la obra. El 21 se autorizan las obras y del 10 de agosto se vuelve a posponer el plazo para que puedan finalizar el 30 de septiembre.

TRES
 días después, el 24 de julio, “se constata que no se ha finalizado el montaje de dicha planta de tratamiento de lodos y no se ha recibido la maquinaria de dragado (proveniente de Suiza), por lo que es imposible comenzar los trabajos por causas imputables al contratista”. En un documento Urbanismo llega a advertir a OHL de que entra “en una situación de riesgo y pérdida de rendimientos en la ejecución de las obras”, cuyas implicaciones económicas deben ser asumidas por la privada.



ES ya en septiembre cuando se plantea redactar un “proyecto modificado sin repercusión económica” y la documentación municipal alude incluso al artículo 107 de la Ley de Contratos Públicos. El Consistorio alega que por razones “técnicas y económicas” es “preferible cambiar el procedimiento”. Finalmente, en lugar de utilizarse una dragadora, se utilizan retroexcavadoras dado que el fango extraído tiene un grado de sequedad del 30% y eso implica que puede ser depositado en vertederos municipales.

EL
 expediente también contiene documentos que se refieren a una serie de “condicionantes” que hacen que finalmente se trabaje en un tercio menos de los metros contratados, a pesar de que se pague exactamente lo estipulado en el contrato en marzo del año pasado.



EN su escrito, solicita que continúen las actuaciones para restaurar el orden jurídico perturbado citando a declarar al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, al coordinador general de Urbanismo y Vivienda, José Cardador Jiménez y a Fernando Antonio Díaz Gonzalo, en representación de OHL.

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