Las organizaciones sin técnicos tendrán que recurrir a los Servicios Sociales municipales. Los vecinos de La Palma-Palmilla denuncian que “pagan justos por pecadores” y preparan una protesta para este miércoles

24/02/15. Sociedad. El Ministerio de Agricultura ha modificado los requisitos que las ONG tienen que cumplir para participar en el programa de reparto de alimentos de este año. Para acceder al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA, que suministra esta comida a los bancos de alimentos de todo el país y a Cruz Roja), las organizaciones tienen que redactar “informes sociales” de sus beneficiarios. Esta medida no...

...se contemplaba el año pasado. En caso de que una ONG no cuente con personal técnico que pueda encargarse de estos documentos, deberán recurrir a los Servicios Sociales municipales. La medida se adopta meses después de que se descubriese en La Palma-Palmilla malagueña el caso de la asociación que dirigía Francisco García Vigo, residente en el barrio. Contaba con acceso a los fondos FEGA pero obligaba a sus convecinos a pagar una tasa de unos cinco euros si querían recibir estos alimentos. La medida del Gobierno pretendería acabar con este tipo de fraude. Desde Cruz Roja aclaran a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com que el objetivo es ante todo optimizar los recursos, aunque sectores de vecinos de La Palmilla claman al considerar que “pagan justos por pecadores”. Preparan protestas y defienden que “para saciar el hambre del pobre no hacen falta tantos papeles”.

LOS activistas de La Palmilla, una de las zonas más deprimidas de la capital, dicen comprender “que tanto los requisitos como documentos solicitados tienen como finalidad evitar el fraude y conocer mejor el mapa de la pobreza, sobre todo la infantil”. “No obstante lo anterior, hacer pagar justos por pecadores es un terrible error que ocasionará mucha hambre y sufrimiento a las familias más humildes”. Precisamente, en este distrito de la zona norte de la ciudad se encuentra un comedor social. En él los convecinos se atienden unos a otros. Ocupan una antigua sucursal de Unicaja. Se trata de Er Banco Güeno.


EL abogado habitual de la ‘oficina prekaria’ de este particular banco teme que el “informe social” al que las ONG más humildes tengan que recurrir ante Servicios Sociales del Ayuntamiento sea en realidad el certificado de exclusión social. José Cosín es este letrado. “Exigir el certificado de exclusión social a todas las familias que acuden avergonzadas a pedir alimentos es un acto tan cruel como innecesario. En muchos casos, si las familias acuden a los Servicios Sociales a pedir este informe, se les abre un expediente de desamparo de menores, que acaba con la ‘retirada cautelar’ de los niños…”.

COSÍN mantiene que en el barrio se reciben toneladas y toneladas de comida de los fondos FEGA mediante camiones. A su juicio, los nuevos requisitos ponen en peligro la delicada situación de la barriada. “No contentos con castigar a las familias que padecen hambre, también exigen el compromiso de las asociaciones que reparten la comida de acompañar a las familias para salir de su situación de exclusión social”. “Esta imposición se realiza sin dotar económicamente a los colectivos, o sin facilitarle los recursos humanos y materiales necesarios. Tan ridículo como miserable”.

SIN embargo, desde Cruz Roja Málaga aclaran que el informe social en cuestión podrá ser redactado por un técnico contratado por la ONG. Solo en caso de que la ONG no tenga esa capacidad tendrá que recurrir a los Servicios Sociales municipales. Según la organización humanitaria, lo que el Ministerio de Agricultura pretende con la modificación de los requisitos del plan de reparto de alimentos es optimizar los recursos, “que son pocos”. “Lo que quiere el Ministerio es que los recursos puedan llegar mejor, que las entidades que se encarguen del reparto de alimentos FEGA trabajen con las familias, que las ayudas no se dupliquen”. Los informes sociales, sin embargo, solo cobrarían relevancia cuando se realizase alguna inspección, rutinaria o no, de las ONG encargadas del reparto de alimentos. En la Subdelegación de Gobierno en Málaga hay un representante de la cartera de Agricultura que es quien coordina y salvaguarda el reparto correcto de los fondos FEGA en la provincia.

EL Ministerio de Agricultura pretende que este sea un año de transición, ya que en el plan del próximo año también participará el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, a fin de aunar criterios.

ESTA revista ha intentado contactar con ACCEM para contar con la valoración de una ONG grande sobre esta medida, pero al cierre de esta edición no había respuesta. Los vecinos, mientras tanto, se organizan para realizar una protesta el miércoles que viene en la sede de los Servicios Sociales de La Palma. “Los responsables políticos nos escucharán a todos untos lo que opinamos de sus requisitos y documentos. Para saciar el hambre del pobre no hacen falta tantos papeles”.

LA medida del Ministerio de Agricultura se produce meses después de que la policía detuviese a Francisco García Vigo, vecino de la Palmilla, como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales. En abril del año pasado el vecino del barrio Manuel Rosas presentó una denuncia contra García Vigo que se saldó con esa detención. Por si fuera poco, la página de Facebook ‘Desafío Social Palma-Palmilla’ explicó (AQUÍ) que la acusación de la policía se fundamentaba en que el presidente de ‘Vecinos Palma-Palmilla de Integración’, García Vigo, constituyó una sociedad mercantil con ánimo de lucro este mismo año, llamada ‘Vigosodia S.L.’, “a la que el Ayuntamiento de Málaga adjudicaba obras”, al parecer, a través de la Junta de Distrito de La Palma-Palmilla cuya directora es María José Quevedo y la concejala responsable y presidenta Mar Torres Casado (PP). Según denuncia esta página de Facebook, el administrador único de la mercantil, y a su vez el presidente de la asociación, García Vigo, repartía “alimentos gratuitos a cambio de dinero” y también se “beneficiaba de estas obras”.

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