El informe denuncia la falta de transparencia en la publicidad institucional en la mayoría de los medios. Las deficiencias en la configuración de la propiedad y ‘gobierno’ de los mismos, la gran asignatura pendiente de los grupos de comunicación españoles

Los 21 grupos analizados: Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento, Cope, Henneo, Intereconomía, Grupo Joly, Grupo Planeta, Grupo Prensa Ibérica, Diario de Prensa Digital, Grupo Godó, Voz, etc.,
siguen siendo opacos, al no alcanzar ninguno la puntuación mínima de doce puntos y siete todavía han obtenido cero puntos

Las empresas de comunicación, cuya influencia en los valores de la sociedad resulta incuestionable, constituyen uno de los sectores más opacos. La gravedad de este hecho no se debe suavizar en momentos en los que la credibilidad de instituciones y personas se somete a un constante asedio por el auge de las fake news

El grupo Atresmedia es el que mejor puntuación obtiene, aunque ningún grupo alcanza la calificación de 'transparente'

20/11/20.
Comunicación. Un año más, el informe ‘Primera Plana 2019’ (AQUÍ) elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia (FCyT) (AQUÍ) pone de manifiesto que los medios de comunicación españoles siguen sin cumplir las políticas de transparencia y buen gobierno mínimas. Basándose en cinco indicadores (Propiedad, Gobierno, Financiación, Creación y divulgación de contenidos, y Cumplimiento), la Fundación crea...

...una clasificación separada entre empresas cotizadas y empresas no cotizadas. Es una información de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

El informe ‘Primera Plana 2019’, en el que se analizan veintiún grupos o compañías de medios (Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento, RCS Media Group, Cope, Henneo, Diario de Prensa Digital SL, Grupo Godó, Hermes Comunications, Intereconomía, Grupo Joly, Grupo Planeta, Ara.cat, Grupo Prensa Ibérica, Promicsa, Segre, Titania, Voz, El León del Español y Dos Mil Palabras S.A.) llega a la conclusión de que los grupos de comunicación españoles siguen sin ser muy conscientes de los riesgos que afectan a su credibilidad e independencia editorial. Ninguno de los medios analizados ha obtenido la calificación de transparente, quedándose a bastante distancia de la puntuación mínima requerida (24 puntos) para obtener dicha categoría. Puede ver la clasificación pinchando AQUÍ.


En los resultados se aprecia una gran diferencia en la información que hacen pública en la web los grupos cotizados en bolsa y los no cotizados. Esto se debe a que los grupos cotizados están obligados legalmente a informar sobre los titulares de la propiedad y el funcionamiento de su órgano de gobierno, a diferencia de los grupos no cotizados, en los que la publicación de esa información tiene carácter voluntario. Sin embargo, esto no se traduce en una mayor eficacia a la hora de gestionar los riesgos que puedan afectar a su credibilidad e independencia editorial. El hecho de que una empresa informativa cotice en la bolsa la expone, por el contrario, a mayores riesgos al estar sometida a las presiones de sus actuales o potenciales accionistas, que utilizan su posición de dominio para tratar de influir en la línea editorial o priorizar los objetivos financieros sobre los editoriales cuando ambos entran en conflicto.

Ahora bien, el hecho de que las empresas no cotizadas no estén legalmente obligadas a publicar determinada información no puede servir para justificar la extrema opacidad que muestran en todo lo que se refiere a sus políticas y prácticas para garantizar su independencia y credibilidad editorial. Los dieciséis grupos analizados siguen siendo opacos al no alcanzar ninguno la puntuación mínima de doce puntos y siete todavía han obtenido cero puntos.


La Fundación Compromiso y Transparencia lleva diez años evaluando a través de sus informes a un conjunto de instituciones, públicas y privadas, que cumplen un papel importante en el desarrollo de nuestra sociedad y en la defensa de los valores democráticos. Cada año examinan cerca de quinientas instituciones. Paradójicamente, las empresas de comunicación, cuya influencia a la hora de configurar los valores de la sociedad resulta incuestionable, constituyen uno de los sectores más opacos. La gravedad de este hecho no se puede suavizar en unos momentos en los que la credibilidad de las instituciones y personas está siendo sometida a un constante asedio por el auge de las fake news. Recuperar y promover la confianza de la sociedad en sus instituciones resulta crítico para fortalecer los fundamentos morales en los que se asientan las democracias.

El estudio propone diez recomendaciones a los medios de comunicación para mejorar su credibilidad e independencia editorial:

1. Junto a la información sobre los titulares de la empresa y su participación en el capital es necesario que todos los grupos, cotizados y no cotizados, hagan públicos los vínculos de sus titulares (económicos, políticos, familiares, etc.) que puedan afectar a la independencia y credibilidad editorial.

2. Resulta imprescindible que las empresas periodísticas informen con transparencia de quiénes son los titulares de su propiedad, hagan públicos los vínculos que puedan afectar su independencia editorial y arbitren las medidas oportunas para gestionar adecuadamente los conflictos de intereses. No resulta aceptable que ninguno de los grupos no cotizados informe con claridad sobre los titulares de la empresa.


3. El órgano de gobierno debe reflexionar sobre la adopción de las medidas más eficaces (constitución de una fundación como accionista mayoritario, exigencia de mayorías cualificadas para la adopción de determinadas decisiones, reserva de competencias, etc.) para blindar su independencia y credibilidad editorial.

4. El proceso de selección de consejeros resulta clave para asegurar que los valores de la credibilidad e independencia editorial serán protegidos al más alto nivel. No resulta verosímil que esa garantía pueda existir si en el proceso de selección no se incorpora ese criterio y si en la composición del consejo no se incluyen perfiles con esas características.

5. Entre las competencias específicas del órgano de gobierno debe incluirse, de manera clara y explícita, su responsabilidad para supervisar los riesgos asociados a la independencia y credibilidad editorial.

6. Los informes de sostenibilidad, de responsabilidad corporativa o de información no financiera deben incluir un capítulo específico en el que se identifiquen, analicen y expliquen las medidas adoptadas para gestionar los riesgos que puedan afectar a la credibilidad e independencia editorial. Las empresas no cotizadas deben comenzar a incorporar en sus prácticas la información pública sobre estos riesgos.


7. Todos los medios deben desarrollar o adoptar un código deontológico o estatuto de redacción y hacerlo público para que puedan acceder todos los grupos de interés: lectores, sociedad civil organizada e inversores y accionista.

8. Se ha producido una mejora en el área de creación y divulgación de contenidos gracias al compromiso de dos cabeceras (El País y El Mundo) con la iniciativa del Trust Project. Destacamos esta iniciativa porque la mayoría de los estándares del Trust Project ahonda en cuestiones relacionadas con el proceso informativo, concretamente con la verificación de hechos y fuentes, el tratamiento de fuentes anónimas, el defensor del lector o la necesidad de separar la naturaleza de la actividad, diferenciando claramente la opinión de la información y los contenidos publicitarios.

9. El incremento de los branded content (contenidos pagados pero dados con aspecto de noticias) en los medios supone una oportunidad de generar ingresos para los medios pero plantea importantes riesgos que pueden afectar a la credibilidad de los mismos. Resulta urgente que los medios sean transparentes en el etiquetado de los branded content, comunicando con claridad a sus lectores las condiciones y características de este tipo de colaboraciones. La transparencia constituye una garantía para defender, igualmente, la independencia editorial de sus redactores. Sería conveniente que las principales asociaciones de periodistas aprobasen criterios y estándares en esta cuestión que fuesen aplicables a todo el sector para evitar confusiones en los lectores, periodistas y anunciantes.

10. Los códigos deontológicos y las iniciativas como el Trust Project deberían reforzarse con sistemas de control (compliance) que verifiquen el grado de cumplimiento de los criterios recogidos en esos códigos o iniciativas. En este sentido, sería aconsejable que los medios reflexionen sobre la oportunidad de designar un responsable de llevar a cabo esta tarea específica.

Este estudio ha sido realizado por el director de FCyT, Javier Martín Cavanna y la abogada e investigadora en ética, transparencia y gobernanza de los medios de comunicación Elena Herrero-Beaumont.

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