Santiago agradece a EL OBSERVADOR su atención y cuenta las últimas novedades
24/05/06 MÁLAGA. El
pasado 30 abril se cumplió un año del embargo de parte del sueldo
de Luis Santiago, periodista malagueño que actualmente trabaja en
La Opinión de Málaga, condenado
a pagar 168.000 euros por varios artículos que publicó en Diario
16 en 1993 y 1994.

EL comunicado íntegro que Luis
Santiago ha enviado a EL OBSERVADOR puede
leerlo justo debajo. Para recordar el caso, puede entrar en el espacio de
la web www.revistaelobservador.com
dedicado al periodista malagueño y leer la primera noticia que este medio
de comunicación publicó sobre el tema:
Comunicado de Luis Santiago a EL OBSERVADOR
EL pasado 30 de abril se cumplió un año del embargo de mi salario en La Opinión de Málaga por una sentencia del Tribunal Supremo. El fallo judicial estableció el pago de 168.000 euros por varios artículos relacionados con el ‘caso Casino’ de Marbella publicados en Diario 16 en 1993 y 1994.
DURANTE los últimos meses, el abogado de Marbella, Juan Carlos Ramírez, la persona que ganó el pleito civil por daños al honor, ha intentado embargar bienes a dos de los tres responsables subsidiarios de mi sanción, que son Bárbara Chaplin, viuda del editor de Diario 16, Juan Tomás de Salas y José Luis Gutiérrez, director del diario en aquellos años.
EL ejecutante de la sentencia
logró cobrar unos 5.000 euros de la señora Chaplin, pero no ha podido
embargar ni un euro a Gutiérrez. Intentó embargarle 12.000 euros
en un fondo de pensiones, pero Europensiones SA no puso el dinero en el juzgado porque Gutiérrez,
de 63 años, todavía no cobra esa pensión.
EL intento de embargo al ex director de Diario 16, hoy director de la revista ‘Leer’, colaborador de ‘El Mundo’, tertuliano en Onda Cero y una televisión y habitual defensor de la libertad de expresión, provocó que éste nombrara abogado en el caso en el que ya estamos condenados (yo como responsable directo y él como subsidiario). El pasado 14 de noviembre, Gutiérrez presentó un escrito en el Juzgado de Primera Instancia 10 de Málaga pidiendo la nulidad del procedimiento. Explicó que jamás “tuvo conocimiento de la pendencia del proceso” y detallaba que la notificación de la demanda se la entregaron a dos personas en dos momentos diferentes en la sede de Diario 16 en Madrid, pero nunca personalmente a él. Por todo ello, alegaba “indefensión” y pedía a la jueza la nulidad de todo lo que se había hecho durante 11 años. Esto logró parar el intento de embargo hacia él durante casi tres meses, mientras la jueza decidía. Eso sí, su antiguo subordinado y redactor del periódico siguió pagando mes a mes.
EL 6 de febrero, la jueza Nuria Martínez dictó una providencia desestimando la alegación de Gutiérrez. En ella mantiene que no hay motivo para declarar la nulidad porque el recurso “no reseña de modo alguno qué defecto procesal le ha causado indefensión” y “nada se dice respecto al defecto de forma en las notificaciones”. Asimismo, recuerda que la ley no exige que todas las notificaciones se hagan personalmente. Finalmente, la jueza concluye con el contundente argumento de que la sentencia dictada “en los presentes autos consta notificada al demandado señor Gutiérrez el 3 de enero de 1996”. Se refería a la sentencia del juzgado malagueño. Son más de cinco años, el plazo máximo que marca la Ley de Enjuiciamiento Civil para pedir la nulidad.
TODA esta maniobra de distracción y retraso provoca que el ejecutante de la demanda, Ramírez, no pueda cobrar la sanción impuesta por aquellos artículos de Diario 16 y lo haga poco a poco, restándome casi 300 euros de mi sueldo con lo cual tardará 47 años en cobrar.
MI aparición en diciembre pasado
en EL OBSERVADOR ha propiciado un mayor interés
por mi caso y la reactivación del Fondo de Solidaridad que mantiene
abierto en dos cuentas bancarias la Asociación de la Prensa de Málaga
desde mayo de 2005. Quiero agradecer el apoyo y las aportaciones
económicas de las siguientes organizaciones y colectivos
profesionales: Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), Unión
de Policía Local y Bomberos (UPLB), cuya ejecutiva provincial emitió
un acuerdo condenando la situación en la que me han dejado, la ejecutiva
provincial de la Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios
(CSIF), el Sindicato Profesional de Justicia-Unión Sindical Obrera
(SPJ-USO), el sector de Justicia de Comisiones Obreras, la Asociación
Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y miembros del Cuerpo Nacional
de Policía.
TAMBIÉN quiero agradecer el interés y la disposición de numerosos compañeros de profesión, con Andrés García Maldonado a la cabeza como presiente de la Asociación de la Prensa y profesionales de la abogacía, entre ellos Nielson Sánchez-Stewart, decano del Colegio de Abogados de Málaga.