La legislación obliga a que las emisoras municipales sean gestionadas directamente por los ayuntamientos, pero el Rincón privatizó el servicio y se lo dio al grupo cercano al PP

17/10/14. Comunicación. El alcalde del municipio granadino de Íllora se ha visto obligado a dimitir por realizar una concesión de una radio municipal sin previo concurso público. El socialista Francisco Domene ha sido acusado de prevaricar. El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) explica en un comunicado que el mero hecho de externalizar el servicio de esta emisora local es prevaricar.

EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com recuerda que en Rincón de la Victoria, su alcalde, el portavoz del PP en la Diputación, Francisco Salado, privatizó la radio del pueblo hace dos años. Su gestión la tiene desde hace dos años una empresa del Grupo Mundo, cercano al PP.

RADIO Victoria, la emisora municipal de Rincón de la Victoria, continúa sus emisiones como cadena de explotación privada desde 2012. Su concesionaria es Modula Eventos SL, una empresa del Grupo Mundo que logró esta concesión frente a Axarquía Media (vea AQUÍ la elección de la concesionaria). Según Manuel Chaparro, experto en medios comunitarios y locales y vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga, el Ayuntamiento de Rincón no puede externalizar sus servicios de este modo, algo en lo que concuerda con el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA).

EL
decreto andaluz 174/2002 que regula el régimen de concesión de las FM y los servicios de sus concesionarios en Andalucía explica en su artículo 26 que “la gestión del servicio público de radiodifusión cuya concesión se otorgue a los ayuntamientos solo podrá realizarse directamente por medio de una de las formas previstas en el artículo 85.3 de la Ley de Bases del Régimen Local”. En el momento en el que se publica el decreto autonómico ese artículo explicaba que la gestión recaería directamente “por la propia Entidad local”, en un “organismo autónomo local” o en una “sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local”. La Ley estatal del 91 que regula también la “organización y control” de las emisoras municipales se refiere también a este mismo punto de la ley de Régimen Local. Según Chaparro, la actual Ley de Comunicación Audiovisual no desregula en ningún caso esta legislación previa.

EL caso de Íllora ha supuesto el cese del primer edil del pueblo granadino, pero para sorpresa del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) no ha sido por el mero hecho de externalizar este servicio, sino por haberlo hecho sin previo concurso público. La formación sindical recuerda en su comunicado que el externalizar la emisora municipal es “igualmente ilegal” y “recuerda que el de Íllora no es un caso aislado, ya que son cada vez más numerosos los Ayuntamientos que se saltan la legislación, externalizando un servicio que es de su competencia directa”.

ENTRE los casos que recuerda el propio Chaparro se encuentran algunos municipios malagueños, también gobernados por el PP. En Mijas, explica, “hubo una denuncia por parte de la oposición porque la emisora municipal, cuando ganó las elecciones el PP, comenzó a conectar con las emisiones de la COPE, algo que no se puede hacer porque la legislación solo te permite conectar una radio pública con otra emisora pública”. El Ayuntamiento mijeño, en aquel caso, dio marcha atrás y retomó la producción propia. Chaparro cita también el ejemplo del municipio sevillano de Tomares, que comenzó a conectar con Intereconomía, lo que llegó a movilizar incluso al Consejo Audiovisual Andaluz, que intervino y llegó a amenazar con sancionar al municipio en caso de que no cesaran en el contrato por el cual la emisora municipal y pública estaba siendo explotada por el medio de comunicación conservador.

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