El alcalde de Málaga, mientras tanto, alardea en declaraciones públicas de que se hace todo lo posible para derribar construcciones ilegales. Vea un VÍDEO del garaje

08/07/08. Urbanismo. Mientras el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, hace declaraciones públicas del tipo: “Existe un control bastante fuerte de las construcciones ilegales” y que “si somos eficaces en paralizarlas dejará de haberlas del todo”, su Gerencia Municipal de Urbanismo...

El alcalde de Málaga, mientras tanto, alardea en declaraciones públicas de que se hace todo lo posible para derribar construcciones ilegales. Vea un VÍDEO del garaje

08/07/08. Urbanismo. Mientras el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, hace declaraciones públicas del tipo: “Existe un control bastante fuerte de las construcciones ilegales” y que “si somos eficaces en paralizarlas dejará de haberlas del todo”, su Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) realiza informes jurídicos para justificar a toda costa no derribar edificaciones ilegales como la del director de la Cope y Popular TV en Málaga Adolfo Arjona. El informe del pasado 25 de junio firmado por Nieves Mateos Andrade busca jurisprudencia en sentencias de los años 80, la más actual de hace 15 años (1993) e incluso cita alguna de cuando Franco aún estaba vivo y mandaba. Además, deja afirmaciones del tipo “dulcifica el rigor en materia de demoliciones”, “existen circunstancias excepcionales que saliéndose de lo abstracto de la fría contemplación de la Ley imponen atemperar el rigor” o “la demolición de obras es siempre una destrucción de riqueza que puede resultar injustificada y que ha de evitarse”. El fiscal de Urbanismo de Málaga, Juan Calvo Rubio, explicaba hace tiempo en una entrevista a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre este asunto que podríamos estar ante un caso de prevaricación.

LA situación es grave. De forma sorprendente la GMU acaba de actuar de oficio y ha revocado “la orden de demolición” del garaje ilegal de Adolfo Arjona cuando la vía administrativa ya estaba agotada desde hace un año y el asunto se dirimía en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Málaga. La solución buscada ha sido “declarar como fuera de ordenación el exceso de la obra ejecutado”. La revista EL OBSERVADOR permanece a la espera de que o bien el alcalde De la Torre o el jefe de Alcaldía Javier Ferrer le respondan si se comparte el criterio de Urbanismo, además de conocer su opinión sobre este caso que contradice de principio a fin lo que declara de ‘puertas afuera’ el Ayuntamiento sobre las construcciones ilegales. También se espera que el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, dé explicaciones sobre el asunto y que facilite antecedentes sobre casos similares, pues probablemente jamás haya habido un precedente parecido en toda la historia de la GMU.

EN una entrevista realizada al fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo Rubio, en noviembre de 2006, EL OBSERVADOR le ponía al tanto del caso Arjona y le preguntaba a qué administración le correspondía el derribo del garaje ilegal. Calvo Rubio afirmaba: “De ese procedimiento no tengo noticia, no sé si es penal o no. Si no es penal le corresponde a la administración. Y de hecho es la única que lo hace, las pocas demoliciones que se han hecho son de la administración, que es la que tiene competencias en materia urbanística: tanto ayuntamientos como Junta de Andalucía. Lo que pasa es que muchas veces se dicta la orden de demolición y no se actúa. Por eso digo que en alguna ocasión nos podemos encontrar ante una prevaricación por omisión por no ejecutar aquello que se dicta. La prevaricación no es sólo dictar una resolución injusta sino también no dictarla, no aplicarla”.

LA situación actual es incluso más preocupante. El Ayuntamiento ha decidido por su cuenta y riesgo contradecir cuatro años de procedimiento, recuperar una vía administrativa ya agotada y buscar la solución que impida derribar esta edificación ilegal del director de la Cope Adolfo Arjona. Algo que va en el camino opuesto a las declaraciones públicas que suele hacer el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como en estas palabras que pronunció en plena campaña electoral en mayo de 2007: En Málaga "no hay muchos casos de construcciones ilegales, ya que existe un control bastante fuerte, a través de imágenes por satélite, entre otros mecanismos”. Sería bueno “tener una actuación que fuera tan eficaz y disuasoria que a nadie se le pueda ocurrir llevar a cabo construcciones ilegales”, aunque en esta última expresión utiliza casualmente el condicional. Concluye de la siguiente forma: “No es bueno que nos enfrentemos a los hechos consumados, sino que debemos ser capaces de tener agilidad” y “si somos eficaces en paralizarlas dejará de haberlas del todo”.

EN el polo opuesto está el informe jurídico (firmado por la abogada del Servicio de Inspección Urbanística de la GMU, Nieves Mateos Andrade) de 25 de junio de 2008 en el que se basa la resolución del concejal Manuel Díaz para revocar la orden de demolición. Un texto sin desperdicio que se basa en la jurisprudencia que le da una quincena de sentencias, la más actual de hace 15 años (de 1993), la mayoría de ellas de los años 80 e incluso una dictada cuando aún vivía y mandaba Francisco Franco, en 1974.

REPRODUCIMOS partes del texto debido a su interés: “La jurisprudencia en determinadas situaciones dulcifica el rigor en materia de demoliciones, como pone de manifiesto cuando existen circunstancias excepcionales que saliéndose de lo abstracto de la fría contemplación de la Ley, imponen atemperar el rigor de ésta (…)”.

 “(…) EVITAR derribos que procederían por una estricta aplicación de las normas urbanísticas, pero que pugnarían con los principios de justicia material, habida cuenta de que en la construcción, por la complejidad de la técnica, es fácil que, incluso de buena fe, se cometan errores que no deban perjudicar al conjunto de una obra que, globalmente, está dirigida al bien común y suponga una creación de riqueza mediante el esfuerzo del hombre (…)”.

ADEMÁS de no comprender que el garaje de Arjona esté dirigido al bien común y suponga una creación de riqueza, EL OBSERVADOR recuerda lo que afirmaba el técnico de Urbanismo en su primer informe el 9 de septiembre de 2004, bajo el título “obras sin licencia”: “Construcción de un aparcamiento con estructura metálica y cubierta de cemento (…). Me presenta licencia de obra menor para la colocación de toldos y arreglos de exteriores (…)”. Esta revista duda que la transformación de “la colocación de toldos y arreglos exteriores” en un “aparcamiento con estructura metálica y cubierta de cemento” se deba, como asegura el informe jurídico del mes pasado, a errores en la construcción que pueden ser “incluso de buena fe”.

“(…) RECOMENDANDO que la drástica solución del derribo se administre con suma prudencia y cautela, y como medida extrema añadiendo que la demolición de obras es siempre una destrucción de riqueza que puede resultar injustificada y que, salvo exigencias inmediatas del interés público, ha de evitarse”.

ASEGURA también el informe jurídico que hay que “ponderar la diferencia que exista entre el simple desfase de lo permitido por la licencia y lo realmente construido” y vuelve a olvidarse que no se trata de un “simple desfase”, sino que simplemente no tenía licencia para construir un garaje sino para colocar unos toldos. Ni son justificables los errores de cálculos en la edificación ni el aumento de la construcción ni siquiera la buena fe del infractor. Adolfo Arjona pide licencia para una cosa completamente distinta y se construye un aparcamiento en toda regla. Incluso se le descubre en plena obra y aprovecha la lentitud de Urbanismo para finalizar el garaje, que desde entonces utiliza sin problemas.

EL informe incluye también un argumento clarificador de la postura de su autora, Nieves Mateos, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, y el propio Ayuntamiento de Málaga: “La necesidad de estar siempre al principio de no demolición”.

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