18/07/08. Urbanismo. Ya ha comenzado el proceso de
expropiación masiva de edificios del centro de Málaga para allanar el camino al
proyecto de las ‘tecnocasas’. Una iniciativa que lleva varios años de retraso en
la que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga van de...
18/07/08. Urbanismo. Ya ha comenzado el proceso de
expropiación masiva de edificios del centro de Málaga para allanar el camino al
proyecto de las ‘tecnocasas’. Una iniciativa que lleva varios años de retraso en
la que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga van de la mano con el
objetivo declarado de “revitalizar un entorno degradado” en calles Alta,
Lagunillas, Rosal Blanco, Cabello, Cobertizo del Conde y pasaje de Meléndez.
Entre los vecinos que serán desalojados por imperativo legal se encuentran
Manuela Rivera, separada y con dos hijos de 17 y 4 años, y Carmen Sarmiento, de
67 años de edad; ambas son inquilinas de la casa de Rosal Blanco nº 6, donde residen en condiciones miserables
bajo un techo que también da cobijo a unos ‘okupas’ que han hecho suya una de
las habitaciones. Según la documentación en manos de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre la propietaria de esta casa, María Victoria Prados, madre del actual alcalde
Francisco de la Torre Prados, pesa una orden de arreglo emitida por motivos de
seguridad por la Gerencia de Urbanismo en 2002. Unos arreglos que no se han llevado
a cabo a pesar de que el Consistorio advirtió de que la omisión del deber de
conservación sería multada. GALERÍA DE
IMÁGENES.
LA de Rosal Blanco nº 6 es una casa de
dos plantas cuya construcción data de 1890. Desconchada, sucia, plantada en un
callejón insalubre en el que las basuras y cristales rotos se acumulan en los solares
descubiertos por antiguos derribos y en los edificios en ruinas marcados por el
fuego. Son 230 metros cuadrados de construcción “en muy mal estado de
conservación con precarias condiciones de habitabilidad” como certifica la
Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en su expediente 2007/19. Allí vive
Manuela Rivera desde que en 1975 sus padres firmaran un contrato de alquiler
con la propietaria de la casa, María Victoria Prados, madre de Francisco de la
Torre Prados, alcalde de Málaga desde hace ocho años.
JUNTO a Manuela, madre separada y
actualmente con un contrato nocturno en el aeropuerto de Málaga, sus dos hijos
de 17 y 4 años de edad. Los tres habitan la planta baja. En la planta alta, otra
inquilina, Carmen Sarmiento, 67 años, 27 de ellos viviendo en Rosal Blanco nº
6, informa un certificado del padrón. Ambas muestran los recibos del pago de
las mensualidades. Se rigen por contratos de renta baja y prórroga forzosa. En
la planta baja también se han instalado en un habitáculo desde hace años unos
‘okupas’. Los vecinos dicen que son toxicómanos. Sus caras no son desconocidas,
armados con una guitarra se les puede ver cantando por el centro de Málaga en
busca de unas monedas.
MANUELA, sus hijos y Carmen serán desalojadas
por imperativo legal de esta casa. El proceso de expropiación ya está en marcha.
La indemnización que recibirá cada una de ellas será de 18.000 euros, según
cálculos del departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística basados en el
método de capitalización de las rentas al 10%.
ANTES de poner a los inquilinos de
patitas en la calle, es necesario recordar que un informe de la GMU en 2002 (expediente RU 99/78) obligó a la madre del alcalde,
como propietaria y en cumplimiento del deber de conservación del edificio, a
“la consolidación de la pared medianera con el solar colindante y protección
exterior contra la intemperie y al refuerzo del forjado del aseo con planta
alta”. Se le advertía a María Victoria Prados de que en caso de incumplimiento
de esta resolución se le incoaría un expediente sancionador. Sin embargo, las
inquilinas aseguran que allí no se ha realizado ninguna clase de arreglo.
EL 5 de junio de 2006, la propietaria
de Rosal Blanco 6 presenta un escrito en la GMU ya que la casa está incluida
entre los terrenos que el Ayuntamiento quiere expropiar para el plan urbanístico de las ‘tecnocasas’. Mª Victoria Prados Gómez informa del interés
de Antonio 
González Retamero, titular del inmueble Los Nogales SL -más conocido
como el corralón de calle Curadero, que está puerta con puerta con calle Rosal
Blanco- por comprar “el referido inmueble de calle Rosal Blanco 6, lo que
posibilitaría desarrollar y promover en el inmueble agrupado resultante de la
unión de c/ Rosal Blanco 6 más c/Rosal Blanco 8, que resultaría una parcela
superior a 300 m2, pudiendo dar valor al conjunto y cumplir la finalidad prevista
por la Junta”. Y dado que “es intención de la dicente llegar a un acuerdo en la
venta del inmueble” se solicita “la anulación del procedimiento de
expropiación”.
UN atestado policial fechado en 2004
recoge que en Rosal Blanco 6 existen “desperfectos con riesgo para las personas
que allí habitan, tales como: el cableado de los contadores está bastante
deteriorado y cada vez que llueve les cae el agua de la lluvia directamente del
techo; la pared del inmueble que colinda con una obra próxima presenta una grieta
vertical a todo lo largo de la misma; los sanitarios presentan grietas con
peligro de derrumbamiento filtrándose el agua de las lluvias”. Tras consultar
en la GMU, no hay constancia de que el Ayuntamiento haya multado a la madre del
alcalde por no realizar las obras que se le exigían por motivos de seguridad de
los inquilinos. En la denuncia consta que la propietaria hizo “caso omiso” de los desperfectos.
LAS intenciones de vender la casa a González Retamero
se
desvanecen en el siguiente documento presentado en la GMU por la madre del
alcalde, en cual se explica que el proceso expropiatorio “conlleva, de por sí,
una limitación real a corto plazo y con origen administrativo de la vida del
edificio que justificaría la reducción del deber de conservación a las mínimas
obras de reparación urgente de deficiencias que causen riesgo a las personas”.
No obstante, según el testimonio de las inquilinas, en la casa no se han
llevado a cabo arreglos. En este escrito fechado el 22 de agosto de 2007 se
acepta finalmente la expropiación del inmueble y se “solicita la ocupación
inmediata” del edificio.
LA valoración económica que realiza la
GMU de la casa de Rosal Blanco es de 31.427,14 euros. No es el precio
definitivo. En los procesos de expropiación es habitual que los propietarios
negocien un justiprecio con la Administración; ahora estamos en ese periodo en
el que se pueden presentar recursos.
MANUELA está contenta porque ha encontrado
un trabajo nocturno en el aeropuerto. Hasta ahora ha mantenido sola a sus dos hijos
con nóminas que no superan los 600 euros mensuales. La renta baja le permitía
sobrevivir a pesar de no atreverse a dejar al pequeño ni un solo instante en
presencia de los ‘okupas’. Ahora lo que se pregunta es dónde va a poder quedarse.
Nunca ha visto a la propietaria de su casa, el pago lo realiza a través de un
administrador. Del Ayuntamiento de Málaga la comunicación que recibe es de los
técnicos que por allí se han pasado: “Dicen que nos vayamos buscando otro
sitio”.
PUEDE ver
una GALERÍA DE IMÁGENES de calle Rosal Blanco nº 6
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