Trabas financieras, judiciales y administrativas al gran plan urbanístico de Málaga

30/09/08. Urbanismo. Con una advertencia oficial de Aena por un exceso de altura que pone en riesgo la seguridad aérea, con el Gobierno andaluz avisando de que el proyecto necesita de su autorización y que ésta tardará un año en llegar, con los vecinos de la zona en pie de guerra...

Trabas financieras, judiciales y administrativas al gran plan urbanístico de Málaga

30/09/08. Urbanismo. Con una advertencia oficial de Aena por un exceso de altura que pone en riesgo la seguridad aérea, con el Gobierno andaluz avisando de que el proyecto necesita de su autorización y que ésta tardará un año en llegar, con los vecinos de la zona en pie de guerra, con dos pleitos por vía de lo contencioso administrativo presentados por los herederos de los suelos y en un escenario de crisis financiera y frenazo de la construcción, la promotora granadina Comarex y Caixa Galicia afrontan la edificación de cuatro torres en los antiguos depósitos de Repsol en Málaga como una larga carrera de obstáculos. Aún así, la caja de ahorros gallega asegura a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com que su intención es que los rascacielos salgan adelante “tal y como y están planteados”.

VARIOS son los factores que retrasarán la construcción del mayor proyecto urbanístico de Málaga, al que rodea la polémica desde que fue presentado al público hace ahora casi tres años. Paradigma del modelo de crecimiento urbano que impulsa el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, lo que ocurra en estos terrenos marcará de forma definitiva el modelo de ciudad y la calidad de vida en la zona más poblada de la capital, que padece una densidad vecino/metro cuadrado que no envidia para nada las de algunas supermasificadas ciudades indias. Están en juego cuatro rascacielos de entre 130 y 170 metros, 1.500 viviendas, 82 millones de euros que obtiene el Consistorio malagueño y miles de metros de zonas verdes. El proceso se presenta lleno de obstáculos. A saber:

EXCESO de altura. Un informe de Aviación Civil rechaza el proyecto de las torres de Repsol porque la altura planteada -los cuatro edificios tendrían entre 130 y 168 metros- corre el riesgo de afectar a la seguridad del tráfico aéreo del aeropuerto. El estudio del Ministerio de Fomento tiene carácter vinculante en el nuevo PGOU, por lo que no es arriesgado aventurar una posible rebaja del perfil de las torres.

PERMISO del gobierno andaluz. Ya en 2006, el entonces delegado de Obras Públicas en la provincia, José María Ruiz Povedano, advirtió de que una modificación de elementos tan descomunal -se multiplicó por tres la edificabilidad del terreno- necesitaba del visto bueno de la Junta de Andalucía para poder ejecutarse. De la Torre intentó zafarse del control del Consejo Consultivo del gobierno andaluz tramitando de urgencia el proyecto como un cambio en el antiguo PGOU del 97 en lugar de incluirlo en el nuevo planeamiento. Sin embargo, la Junta insiste en que su opinión es vinculante. La postura crítica del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento y los informes de saturación de tráfico en la zona tampoco juegan a favor de los constructores.

LOS vecinos. Allí iba un parque, esa fue la promesa que durante años escucharon los vecinos de boca de diferentes alcaldes, incluida la del actual. Representantes de las dos federaciones de vecinos más importantes de la ciudad, Unidad y Solidaridad, hicieron público su rechazo al proyecto y han presentado alegaciones contra el mismo.

LOS herederos. El abogado experto en urbanismo Juan Ramón Fernández-Canivell representa a la familia los Fernández, herederos de los terrenos de Repsol que en su día (1958) fueron expropiados porque en principio los suelos estaban destinados a viviendas sociales. Los juzgados de lo contencioso administrativo tienen que pronunciarse sobre dos recursos de derecho de retracto y derecho de reversión presentados por esta familia. No sería la primera vez que este letrado consigue poner en apuros al consistorio malagueño.

LA crisis. A nadie se le escapa que el momento económico actual es cuando menos, muy delicado. La inversión prevista y anunciada para las torres es de 600 millones de euros. Caixa Galicia, que es la que aporta el músculo financiero al proyecto, ha sido una de las cajas de ahorros señaladas por su elevada exposición al sector inmobiliario, lo que le ha valido un toque de atención de la agencia de calificación Moodys que rebajó las calificaciones a la calidad de sus créditos. Además, la caja gallega es de las entidades más perjudicadas por la caída de Martinsa-Fadesa (ha provisionado 78 millones de euros al respecto aunque hay medios que estiman que la deuda de Martinsa en la caja gallega es de 270 millones). Su consejero delegado, José Luis Méndez Pascual ha sido de los que ha hablado claro sobre la política actual de la entidad: vamos a restringir el crédito. Con todo, desde la caja de ahorros mantienen intacto su apoyo al proyecto “tal y como se planteó en un principio”. Sus socios de la constructora Comarex han preferido por su parte guardar silencio cuando se les ha consultado sobre este proyecto.