

LA
alarmante falta de liquidez por la que atraviesan varias compañías del sector
de la construcción, algunas de ellas con nula actividad actualmente, y el
inestable escenario financiero con un proceso de fusiones de cajas de ahorros
para un futuro no muy lejano van a condicionar el desarrollo de algunos de los
grandes proyectos urbanísticos anunciados en Málaga, y consecuentemente, van a
afectar a las previsiones económicas que maneja la corporación municipal del PP
en la capital de la Costa del Sol, puesto que buena parte de los ingresos
económicos con los que cuenta el Ayuntamiento dependen de estos planes urbanísticos.
UNA vez que se apruebe
definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, el
Ayuntamiento ha previsto que los convenios urbanísticos aporten a las arcas
municipales 12 millones de euros en 2009, 81.5 millones de euros en 2010 y
82.74 millones de euros en 2011. La cifra total, 176 millones de euros, se
incluye en el Plan de Estabilidad Presupuestaria presentado por la responsable
de Economía, Carolina España, quien junto a los convenios confía en que los
fondos europeos y la venta de suelo (125 millones de euros hasta 2011) sean los
tres ejes básicos que saneen los ingresos municipales.
TENIENDO en cuenta que la deuda
acumulada del Consistorio supera los 700 millones de euros, que el informe de
Analistas Económicos de Unicaja hecho público esta semana vaticina una
situación de estancamiento en la provincia para todo el 2009 con previsiones de
aumento generalizado del desempleo, noticias como la espantada de la promotora
granadina Comarex del proyecto de las torres en los antiguos terrenos de Repsol,
paradigma de la política urbanística del alcalde Francisco de la Torre,
siembran inquietud y se entiende como una de las primeras retiradas
estratégicas de la ciudad de unas empresas en apuros y tan endeudas, o más, que
el propio Ayuntamiento.
EN el caso de Comarex ha
pesado tanto la propia inestabilidad interna de la familia Rodríguez Acosta
como el envite de la crisis. Fuentes autorizadas de Caixa Galicia, sus socios
en el proyecto de las torres, informaron ayer a esta revista de que los planes
del proyecto no varían de momento y que asumirán la parte del proyecto que les
toca de la construcción de las cuatro moles de viviendas y oficinas. Todo esto
mientras suenan tambores de fusión entre las dos cajas gallegas (Caixa Galicia
y Caixa Nova). El tercer accionista de Daeca Comarex, sociedad promotora de las
torres, es el Grupo Dae, con el que ayer resultó imposible contactar.
SI esto ocurre en el
proyecto de Repsol, en otro gran proyecto urbanístico similar, el de las torres
de la Térmica a cargo de la compañía Reyal Urbis, también se han despertado
dudas y recelos, que han sido de momento rebajados con el anuncio hecho por los
responsables del grupo constructor de un acuerdo para refinanciar la deuda de
3.000 millones de euros que tienen con medio centenar de entidades financieras.
LAS noticias que llegan de
OHL (Obrascon Huarte Lain), uno de los promotores con Unicaja del proyecto de
otras torres, las de Martiricos, tampoco son buenas. La compañía perdió un 30%
de su valor en bolsa en septiembre y ha optado por recomprar sus propias
acciones.
PERO el modelo urbanístico
propuesto por el PP no sólo se va a condicionar por motivos económicos, sino
también por otros de índole legal y administrativa. Por esperado no ha dejado
de ser contundente el informe filtrado a los medios de comunicación locales la
semana pasada por el que el gobierno andaluz ha trazado líneas rojas a muchas
de las zonas de expansión previstas por el Consistorio malagueño en el nuevo
PGOU: la ristra de vetos y prohibiciones es larga. La Junta no quiere que se
construya en el Arraijanal ni que se haga un puerto deportivo en el Morlaco y
ha informado desfavorablemente de las 500 viviendas previstas en Limonar Alto y
las 4.200 de la Vega de Campanillas. Lo mismo ocurre con las 2.157 casas que se
dibujaron demasiado cerca de la central térmica que construye GasNatural en
Maqueda, ni otras 600 viviendas en Churriana. Tampoco el traslado del colegio
de Maristas o futuras edificaciones en el monte San Antón son vistas con buenos
ojos.
EN resumen, la anunciada
defunción del sistema financiero internacional y la protección ambiental que
defiende el gobierno andaluz, provocarán necesariamente un replanteamiento de
un sistema municipal de crecimiento urbano y económico demasiado expuesto a los
vaivenes del sector del ladrillo. La pregunta ahora es adivinar de dónde sacará
el dinero el Ayuntamiento de Málaga.
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PUEDE consultar aquí una noticia anterior sobre los terrenos de Repsol:
- 07/10/08 “Una injusticia social”. Vecinos y oposición se alían para tumbar los nuevos bloques de 150 viviendas que el PP quiere levantar en los antiguos terrenos de la Flex
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PUEDE consultar el artículo íntegro sobre los terrenos de Repsol en el número 49 de la revista, en pdf:
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