El también presidente de la Diputación de Málaga lidera al grupo de alcaldes que exigen regularizaciones masivas de viviendas y un trato judicial preferente

salvadorpendon2.jpg21/10/09. Urbanismo. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com ha comprobado como desde el Ministerio de Justicia y desde el PSOE mantienen un silencio condescendiente con los movimientos del secretario de Vivienda y Ordenación del Territorio del PSOE andaluz y presidente...

El también presidente de la Diputación de Málaga lidera al grupo de alcaldes que exigen regularizaciones masivas de viviendas y un trato judicial preferente

salvadorpendon2.jpg21/10/09. Urbanismo. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com ha comprobado como desde el Ministerio de Justicia y desde el PSOE mantienen un silencio condescendiente con los movimientos del secretario de Vivienda y Ordenación del Territorio del PSOE andaluz y presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, quien a la cabeza de un grupo de alcaldes de la comarca de la Axarquía está forzando una amnistía judicial que deje impunes miles de delitos urbanísticos. También propugna un cambio legal que dé vía libre a la construcción en suelos no urbanizables en esta zona del oriente malagueño. Un pulso que apenas ha sido mínimante contestado por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio del gobierno autonómico, Juan Espadas.

LA
doctrina que enarbola el secretario de Vivienda y Ordenación del PSOE regional, Salvador Pendón, asume los postulados ultraliberales en materia urbanística defendidos por un sector del PP y por promotores y constructores. Como presidente de la Diputación de Málaga, Pendón recoge y expone el discurso de decenas de alcaldes de municipios de la Axarquía que tras verse envueltos en litigios judiciales por permitir viviendas en suelos no urbanizables, requieren ahora un trato judicial preferente por la vía de lo contencioso administrativo en lugar de por la vía penal.
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LA constitución de una Mesa de Trabajo por el Urbanismo en la mancomunidad de municipios de la Axarquía el pasado lunes es el último gesto de fuerza con el que este grupo de presión política quiere liberarse del marco legal fijado por el Plan de Ordenación Territorial (POT) y la Ley de Ordenanción Urbanística de Andalucía (LOUA) porque, como dijo el alcalde de Canillas de Aceituno, el socialista José Manuel Aranda, “queremos, ordenandamente, poder construir algo“ y que la aplicación de la disciplina sea “el último paso, según remacha Pendón.

¿ES esta la postura oficial socialista? El gabinete de prensa del PSOE andaluz calla cuando se formula esta pregunta al secretario de organización del partido en Andalucía, Rafael Velasco. Por su lado, el Ministerio de Justicia se ha negado a responder nada sobre este asunto cuando EL OBSERVADOR le ha preguntado por ello. En general, cunde entre los socialistas un respetuoso silencio de aprobación ante la ’marbellización’ de la política urbanística que defiende Pendón. Al estilo de Silvio Berlusconi, el presidente de la Diputación fuerza un cambio legal para dejar hacer, con la venia y con el callado apoyo de su partido: primero construimos, después legalizamos.

¿ES esta la postura oficial de la Junta de Andalucía? Desde la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio que dirige Juan Espadas evitaron ayer realizar declaraciones puntuales logo_psoe.jpgsobre la creación de la citada Mesa de Trabajo por el Urbanismo en la Axarquía. No obstante, se remitieron a la respuesta que el consejero Espadas ofreció el pasado 25 de junio en sede parlamentaria, cuando fue interpelado por este tema por el diputado ‘popular’ Francisco Delgado Bonilla. Aquel día, Espadas mostró su “desacuerdo con el diagnóstico“ realizado por los alcaldes malagueños -tanto del PSOE como del PP- en relación a que los problemas urbanísticos están causados por la indefinición legal del urbanismo. Por otra parte, respecto a la aplicación de la Ley, el consejero recalcó que son los “tribunales de justicia los que deben determinar cuándo se dan los supuestos de hecho tipificados en el Código Penal como delitos contra la ordenación del territorio.

CON todo, más allá de esta tímida desautorización, no se han escuchado otras voces en el PSOE ni en el Gobierno andaluz que cuestionen la batalla política y legal que está planteando Pendón.

EL
fenómeno de las construcciones diseminadas, miles de casas levantadas fuera del ordenamiento, muchas de ellas en suelo rústico, tiene efectos devastadores para el Medio delgadobonilla.jpgAmbiente. Amparadas bajo dudosas figuras legales como las casas de aperos para guardar material de labranza, en la comarca de la Axarquía han brotado en los últimos años miles de chalés -algunos son auténticas mansiones- que se desperdigan por todo el territorio. Con pozos de suministro de agua ilegales, altos consumos derivados de las habituales piscinas, sin servicios de recogida de basuras, los diseminados conllevan desmontes y aperturas de nuevos caminos que más allá de afear el paisaje suponen a largo plazo una hipoteca a las economías de los ayuntamientos que las permiten. Una permisividad a la que ya se ha puesto coto en países vecinos por estar en el extremo opuesto de los criterios de sostenibilidad.

PRÁCTICAMENTE todos los consistorios de esta región del oriente malagueño tienen abiertos expedientes por la manga ancha con la que sus alcaldes han avalado estas construcciones, que sólo se explican en que los diseminados se han convertido en su principal fuente de financiación y soporte de votos.  

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