La
Fiscalía de Málaga y el
Defensor del Ciudadano han investigado cómo el Ayuntamiento ha consentido la
apertura y ampliación de un local sin licencia
03/03/11. Urbanismo.
En una reunión mantenida con el alcalde de Málaga en 2008, las vecinas de El
Palo Remedios Sánchez y Carmen Gutiérrez escucharon cómo el regidor ofrecía al
Ayuntamiento como intermediario para que vendiesen sus viviendas, que se ven
afectadas por la...
03/03/11. Urbanismo.
En una reunión mantenida con el alcalde de Málaga en 2008, las vecinas de El
Palo Remedios Sánchez y Carmen Gutiérrez escucharon cómo el regidor ofrecía al
Ayuntamiento como intermediario para que vendiesen sus viviendas, que se ven
afectadas por la...
La
Fiscalía de Málaga y el
Defensor del Ciudadano han investigado cómo el Ayuntamiento ha consentido la
apertura y ampliación de un local sin licencia
03/03/11. Urbanismo.
En una reunión mantenida con el alcalde de Málaga en 2008, las vecinas de El
Palo Remedios Sánchez y Carmen Gutiérrez escucharon cómo el regidor ofrecía al
Ayuntamiento como intermediario para que vendiesen sus viviendas, que se ven
afectadas por la construcción ilegal de un negocio sin licencia. Este mismo local,
según consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, tiene dos órdenes de
demolición, la primera fechada en 1999. Después de pasar por el Defensor del
Ciudadano, el caso está siendo investigado por la Fiscalía de Málaga para
saber por qué el Consistorio ha permitido hasta hoy esta situación.
EN la Carretera de Olías nº
38 se ubicaba antiguamente un almacén de materiales de construcción cuyos
antiguos dueños -Hermanos Navas Flores SL- habían ampliado ilegalmente el local
con una estructura superior que la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga
ordenó derribar en el expediente de infracción IF 14/99. Sin embargo, el
Ayuntamiento no se preocupó de que esta orden se cumpliera y el establecimiento
cambió a manos de Carmelo Ruiz y su socio Francisco Martínez, que lo
convirtieron en un concesionario Ford y un taller de reparación de vehículos.
NO sólo no se demolió lo construido fuera de normativa, sino que el establecimiento se amplió notablemente sin licencia de obras y sin estudio de detalle. En un nuevo expediente de infracción (IF-207-364) se dan cuenta de irregularidades tales como la ocupación del 100% de la parcela -algo prohibido por el tipo de calificación del suelo-, elevación de muros medianeros, vertidos de aguas pluviales sobre la construcciones linderas, etcétera. Por otra parte, el decreto 722/07 del Área de Comercio, Vía Pública y Mercados del Ayuntamiento de Málaga ordena el “cese de la actividad” de este negocio “hasta que se obtenga, si correspondiera, la licencia municipal de apertura”.
CUANDO esta revista ha tenido conocimiento de estos hechos se ha puesto en contacto con las vecinas cuyas viviendas se han visto afectadas por estas construcciones, Remedios Sánchez y Carmen Gutiérrez. “Si una ilegalidad urbanística no hace daño a nadie puedo entender la postura del Ayuntamiento, pero en este caso es que lleva años creándonos problemas”, se quejan ambas.
MÁS significativa aún es su impresión tras la reunión que mantuvieron en 2008 con el alcalde Francisco de la Torre (PP) y la delegada de El Palo, Teresa López (PP), para tratar este mismo tema. En aquella ocasión, según el testimonio de estas vecinas, el regidor excusó a los propietarios del negocio por el dinero invertido en el mismo y el número de empleos creados para finalmente ofrecerse con intermediarios para la venta de sus viviendas como forma de resolver el problema. Invitación que Remedios Sánchez y Carmen Gutiérrez rechazaron al tiempo que preguntaban al alcalde cómo era posible crear empleo para algo que no tiene licencia de apertura.
DESPUÉS del estudio e intervención en el caso del Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, la situación esta siendo investigada a día de hoy por la Fiscalía de Málaga.
POR su parte, Carmelo Ruiz y su socio Francisco Martínez, con los que ayer contactó esta revista exponen que el caso nace de la “persecución” y denuncias presentadas por ciertas vecinas. Los propietarios del establecimiento alegan desconocer la infracción y demolición ordenada en 1999, ya que en aquel entonces el local no era de su propiedad y subrayan que la única irregularidad detectada a día de hoy es que uno de los muros levantados ha sobrepasado el límite fijado “en 86 centímetros”, un pequeño margen que ayer mismo estaba siendo quitado por varios operarios. Apuntan además que cuentan con informes favorables de la Gerencia Municipal de Urbanismo y con documentación que avala que todo se ha hecho con permisos.
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- Revista El Observador 45. Con licencia para todo.
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NO sólo no se demolió lo construido fuera de normativa, sino que el establecimiento se amplió notablemente sin licencia de obras y sin estudio de detalle. En un nuevo expediente de infracción (IF-207-364) se dan cuenta de irregularidades tales como la ocupación del 100% de la parcela -algo prohibido por el tipo de calificación del suelo-, elevación de muros medianeros, vertidos de aguas pluviales sobre la construcciones linderas, etcétera. Por otra parte, el decreto 722/07 del Área de Comercio, Vía Pública y Mercados del Ayuntamiento de Málaga ordena el “cese de la actividad” de este negocio “hasta que se obtenga, si correspondiera, la licencia municipal de apertura”.
CUANDO esta revista ha tenido conocimiento de estos hechos se ha puesto en contacto con las vecinas cuyas viviendas se han visto afectadas por estas construcciones, Remedios Sánchez y Carmen Gutiérrez. “Si una ilegalidad urbanística no hace daño a nadie puedo entender la postura del Ayuntamiento, pero en este caso es que lleva años creándonos problemas”, se quejan ambas.
MÁS significativa aún es su impresión tras la reunión que mantuvieron en 2008 con el alcalde Francisco de la Torre (PP) y la delegada de El Palo, Teresa López (PP), para tratar este mismo tema. En aquella ocasión, según el testimonio de estas vecinas, el regidor excusó a los propietarios del negocio por el dinero invertido en el mismo y el número de empleos creados para finalmente ofrecerse con intermediarios para la venta de sus viviendas como forma de resolver el problema. Invitación que Remedios Sánchez y Carmen Gutiérrez rechazaron al tiempo que preguntaban al alcalde cómo era posible crear empleo para algo que no tiene licencia de apertura.
DESPUÉS del estudio e intervención en el caso del Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, la situación esta siendo investigada a día de hoy por la Fiscalía de Málaga.
POR su parte, Carmelo Ruiz y su socio Francisco Martínez, con los que ayer contactó esta revista exponen que el caso nace de la “persecución” y denuncias presentadas por ciertas vecinas. Los propietarios del establecimiento alegan desconocer la infracción y demolición ordenada en 1999, ya que en aquel entonces el local no era de su propiedad y subrayan que la única irregularidad detectada a día de hoy es que uno de los muros levantados ha sobrepasado el límite fijado “en 86 centímetros”, un pequeño margen que ayer mismo estaba siendo quitado por varios operarios. Apuntan además que cuentan con informes favorables de la Gerencia Municipal de Urbanismo y con documentación que avala que todo se ha hecho con permisos.
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