08/11/12. Urbanismo. La conexión a la red eléctrica del centro comercial Muelle Uno es ilegal. El ‘enganche’ irregular con el que funciona desde el comienzo de su actividad, hace ahora un año, evidencia el diferente trato de las administraciones y empresas dependiendo de quien infrinja la normativa y cuál sea su poder e influencia. Fuentes de Endesa indican a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com que hay prevista una reunión el próximo mes de diciembre para regularizar la situación.ENTRE los múltiples requisitos del código técnico de edificación figura el de que los proyectos, si son de gran envergadura, deben realizar antes de su ejecución una reserva de espacio para albergar un centro de transformación eléctrica con conexión a diversas conducciones. Generalmente, en estas obras de gran calibre se opta por el soterramiento de esta infraestructura, por razones evidentes de seguridad y de estética.
ESTA exigencia se incumplió en las obras del centro comercial Muelle Uno del puerto de Málaga, donde operaron tres actores. La Autoridad Portuaria, que cede el espacio a urbanizar al Ayuntamiento de Málaga, que a su vez adjudica la actuación a una empresa privada. En este caso, Unión de Iniciativas Marina de la Farola, integrada por Edipsa, Miramar, Malika y Unicaja.
HACE un año, en noviembre de 2011, se inaugura el nuevo centro comercial Muelle Uno sin que se haya formalizado ni exista ningún contrato para el suministro eléctrico, según informan a esta revista fuentes autorizadas de Endesa, que ayer corroboraron que la situación sigue en el mismo estado de ilegalidad. Así, las tiendas y restaurantes de Muelle Uno se valen del suministro eléctrico que le proporcionaba el Puerto de Málaga durante la obra, gracias a unos transformadores plantados en medio de eso que se denomina ‘esquina de oro’, significados hoy en día como excelencia arquitectónica y oda a la improvisación de esta actuación.
DENTRO de unas semanas, a comienzos de diciembre, informan estas fuentes de Endesa, tendrá lugar una reunión con el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, los concesionarios privados y la Junta de Andalucía con el propósito de regularizar este enganche. En tanto se soluciona esta cuestión, que amenaza con alargarse en el tiempo, cabe preguntarse varias cosas ¿Qué administración se hace responsable de permitir esta ilegalidad? ¿Por qué se mira para otro lado con este enganche mientras se actúa con contundencia cuando los infractores son menos poderosos? ¿Qué papel desempeñan los políticos de uno y otro color implicados en el caso como garantes de la legalidad?
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