El equipo de Gobierno (PP y PA) no quiere pronunciarse. Si no hay recurso, tendrá que liquidar el contrato. La oposición se muestra cauta: el Ayuntamiento puede apelar

11/09/14. Urbanismo. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com recoge las primeras reacciones a la sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número tres de Málaga, que ha anulado la contratación hecha hace diez años por el Ayuntamiento de Ronda a la firma que redactaba el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

EN IU opinan que la sentencia “reafirma mucho” sus posturas. Los ecologistas se han manifestado en este mismo sentido, mientras que el equipo de Gobierno (PP y PA) prefiere mostrar cautela y no pronunciarse todavía.

EL concejal de Izquierda Unida en Ronda, Álvaro Carreño, tiene claro que esta sentencia sobre la que esta revista informó en primicia ayer “reafirma mucho” las posturas de la coalición. “Nos da la razón en este contencioso: el procedimiento para adjudicar el contrato no fue el adecuado”, asegura, al tiempo que explica que desde la oposición lo han venido “criticando y diciendo durante los últimos años”.

ESTE PGOU no ha superado más que la aprobación inicial, que se realizó en un pleno municipal en julio de 2012. Para su aprobación definitiva todavía es necesario que la firma que redacta el Plan, ‘Territorio y Ciudad’ (y que dirige Manuel Ángel González Fustegueras, conocido por regularizar más de 30.000 viviendas, herencia del gilismo marbellí) responda a las alegaciones que se realizaron al documento, así como a que la Junta de Andalucía emita una serie de informes. De hecho, el gobierno autonómico ya ha emitido diversos dictámenes, y muchos de ellos no han sido siquiera favorables al Plan General que ahora nace muerto.

ASÍ opina el edil de izquierdas. Nace muerto: “el PGOU había que echarlo a la basura y empezar uno de cero”, insiste Carreño. El edil recuerda que sus denuncias se realizan desde la época “en la que ha habido oscurantismo y se escondía el Plan para que la gente no lo conociese”, así como en la época en la que se ha intentado hacer “más a las claras” una serie de proyectos “inviables” en términos de protección del patrimonio y del medio ambiente.

ALEJANDRO Moreno es el portavoz de Silvema Serranía de Ronda-Ecologistas en Acción. Cree que la sentencia “viene a demostrar que a lo largo de estos años en el Ayuntamiento ha habido un caos a la hora de gestionar el urbanismo”. “Lo han querido hacer todo por las bravas, y en algunos casos se han aprovechado de algún modo de la falta de conocimiento del tema de concejales de la oposición para hacer y deshacer a su antojo”, considera. Moreno manifiesta que “en el momento en el que ha habido en Ronda colectivos y personas que han comenzado a escarbar a niveles judiciales ha salido a la luz que creían que la concejalía era su cortijo”.

IU y los ecologistas coinciden en la prudencia de recordar que esta sentencia es recurrible por parte del consistorio. Moreno recuerda que desbloquear el Plan General de Urbanismo era una de las prioridades del actual equipo de Gobierno, tanto que formaba parte de su programa en la pasada campaña electoral.

LA alcaldesa del Partido Popular, María Paz Fernández, por el momento ha preferido no pronunciarse. Así lo confirma el responsable de prensa de los populares rondeños, que ha explicado a esta revista que prefieren recibir primero la sentencia y analizarla con el equipo de abogados del consistorio. De la misma forma se ha expresado el responsable de prensa del Partido Andalucista, siglas que ostenta la actual teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Isabel Barriga. Tanto la primera edil como la concejala de Urbanismo, del PP y del PA (que gobiernan en coalición actualmente) formaban parte de la corporación municipal hace una década, cuando precisamente un equipo de Gobierno también compuesto por estos dos partidos efectuó esta contratación que la sentencia judicial declara nula.

NULA debido a irregularidades administrativas en el proceso de adjudicación de la redacción del Plan General a la firma de arquitectos ‘Territorio y Ciudad’, una empresa que dirige Manuel Ángel González Fustegueras, conocido por ser el ‘solucionador de problemas’ de la Junta de Andalucía. Fue el responsable de regularizar la situación de hasta 30.000 viviendas en el municipio malagueño de Marbella, parcheando así la herencia que dejó en la ciudad el gilismo. Sin embargo, el trabajo de esta firma en Ronda siempre ha estado marcado por la polémica: la contratación ya sentó mal a la oposición, que denunció e inició el procedimiento que culmina una década después. En 2006 llegó el avance del PGOU, con meses de retraso, aun cuando ya se habían firmado planos del mismo entre ciudadanos del pueblo, y que el concejal de Urbanismo de por entonces, también del PP, llegó a calificar de “monitos”.

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