La alcaldesa de Ronda anunció ayer la “paralización inmediata” de la redacción del PGOU, después de que una sentencia anulase la contratación de este trabajo

12/09/14. Urbanismo. Ayer se paralizaron los trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ronda. Es la reacción de la alcaldesa del municipio, la popular María Paz Fernández, a la sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número tres de Málaga, que con fecha del pasado dos de septiembre anuló la contratación de ‘Territorio y Ciudad S.L.’ como equipo redactor de este plan, una información publicada en exclusiva por EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

LOS fundamentos de derecho (léalos AQUÍ) del texto legal estiman al completo el recurso que la exportavoz de IU en el municipio malagueño planteó hace una década: la contratación de esa firma de arquitectura estuvo plagada de defectos graves. Actas incompletas, pliegos de condiciones no certificados, órganos inexistentes mediando, plazos sin cumplir, cargos políticos en la Mesa de contratación que no debían tener esas competencias...

AYER María Paz Fernández, regidora de Ronda, anunció la “paralización inmediata” de los trabajos sobre el PGOU del municipio. Esa es la reacción de la primera edil de la localidad, que reconoció su sorpresa ante la noticia que esta revista publicó en exclusiva el pasado miércoles. Fernández reconoció ante los medios que la sentencia la ha pillado por “sorpresa”, a ella y a la empresa, Territorio y Ciudad, porque ni siquiera sabía que dicho recurso estaba puesto. Sin embargo, la regidora ya era concejala en el equipo de Gobierno en el que se contrató a la empresa que dirige el arquitecto Fustegueras hace diez años, cuando la exportavoz de IU, Remedios Ramos, presentó el recurso junto al edil socialista Pedro Fernández Coca.

LA sentencia que anula la contratación de la redacción del PGOU comienza contundente. Explica que el expediente de contratación no estaba “ni foliado ni rubricado” por un funcionario y había “ausencia de documentos e incongruencias”. Por ejemplo, los pliegos administrativos y las técnicas reguladoras del contrato no aparecían encabezando el expediente, como debe ser, sino que se adjuntaban como anexos y sin certificar que esos documentos fuesen los que fueron aprobados en el pleno municipal hace toda una década.

TODAS las irregularidades comienzan en 2004, pero la exportavoz de IU, Remedios Ramos, junto al exedil socialista, Pedro Fernández Coca (que acabaría desistiendo del caso seis años después) lo denunciaron a finales de ese año, lindando 2005. El recurso que inició este procedimiento por lo Contencioso-Administrativo hace un repaso casi cronológico de todos los defectos detectados, que se dan alrededor de la Mesa de Contratación. No consta “la existencia de acuerdo plenario” que acredite “el nombramiento del funcionario que interviene como secretario de la Mesa de Contratación”, quien además llegó a efectuar convocatorias de sesiones de esta Mesa cuando eso es competencia del presidente.

LA contratación se hizo efectiva en la última sesión plenaria del año en el Ayuntamiento de Ronda, a fecha del 30 de diciembre de 2004, cuando ya era alcalde Antonio Jesús Martín Lara, conocido en el municipio malagueño como ‘Toti’. El ex alcalde, que pasó como tránsfuga del PA al PSOE, fue uno de los detenidos por el caso Acinipo. Una de las causas de nulidad de esta contratación es que una sesión de la Mesa de Contratación la presidió Martín Alba cuando no era todavía alcalde, en febrero de 2004. Tampoco tampoco acreditó tener la delegación expresa del máximo regidor para presidir aquella reunión.

EL expediente tampoco incluye las solicitudes de los licitadores para participar en el procedimiento, y precisamente la sesión que presidió Martín Alba en febrero de 2004 fue en la que se hicieron públicas las proposiciones económicas de los participantes en el concurso. Unas proposiciones que, según consta en la sentencia, solo conoció la Mesa de Contratación y los propios participantes, puesto que no constó en el expediente “ni que se anunciara en el tablón de anuncios ni en los medios de comunicación”.

REMEDIOS Ramos también recurrió la contratación de ‘Territorio y Ciudad S.L.’ porque la Mesa de Contratación, convocada por su secretario y no por su presidente, siempre requería su presencia sin que el aviso llegase con 48 horas de antelación, algo que está regulado. También notificó al tribunal que aunque en el Consistorio hay “una unidad específica de contratación administrativa” que “debía haber sido la emisora de los informes técnicos” en esta tramitación, el informe técnico vino firmado por el jefe del Servicio de Obras y Urbanismo.

EL acta de la sesión de noviembre, por ejemplo, no recoge en qué momento se cerró la misma, e incluye “incomprensiblemente” la incorporación de un miembro de la mesa “una vez finalizada la sesión”.

AUNQUE el expediente deja de incluir determinados documentos, sí recoge lo que se constituye como una infracción grave a ojos de Remedios Ramos y de la sentencia. Se realizaron citaciones a tres concursantes que obtuvieron las tres primeras puntuaciones (idénticas) para acudir a una “sesión de trabajo” con la Junta de portavoces. El objeto era debatir la propuesta económica de las tres empresas, pero la reunión fue oscura, no se publicó, no se hizo transparente, y era extemporánea: no está prevista en la legislación de contratos ni en el pliego de condiciones. Además, la reunión se basaba en un órgano que legalmente no existe, ni siquiera en el Reglamento Orgánico Municipal.

AHORA el consistorio rondeño puede recurrir la sentencia. Si no lo hace, el panorama urbanístico habrá quedado sumido en el caos. La confusión es patente. El PGOU que hay aprobado provisionalmente (en 2012) es este, el objeto del contrato, y lo firma ‘Territorio y Ciudad’, que dirige el arquitecto Manuel González Fustegueras. La sentencia obligaría al consistorio a dejar este contrato en liquidación, lo que significa que, independientemente de la nulidad de la contratación, deberá abonar el pago de lo trabajado por el equipo redactor.

LA redacción del nuevo Plan General se planteó siendo alcalde Antonio Marín Lara. En 2006 llegó el primer avance del mismo, y el teniente alcalde de por entonces, el popular José Herrera (responsable de Obras y Urbanismo) calificó estos planos de “monitos”, desatando la ira de la oposición, en especial del extinto Grupo Independiente Liberal (GIL). Para entonces, ya se habían filtrado algunos documentos del avance, meses antes de hacerse público.

CUANDO se aprobó el contrato, la actual alcaldesa, María Paz Fernández (PP) y la actual edil de Urbanismo, Isabel Barriga (PA) ya eran concejalas en sus respectivos grupos, los mismos que hace diez años plantearon la redacción de este nuevo PGOU y lo adjudicaron a ‘Territorio y Ciudad’.

TERRITORIO y Ciudad, la empresa de Fustegueras, es conocida por ser la ‘solucionadora’ de problemas de la Junta. De hecho, fue la encargada de regularizar más de 30.000 viviendas ilegales en Marbella. Los parches del gilismo que esta compañía ha procurado en aquel municipio no han evitado, sin embargo, la polémica en Ronda.

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