Contratación irregular del PGOU, el proyecto de Los Merinos, el caso Acinipo, los sobresueldos en la empresa de basuras: Ronda vive bajo la sombra de la corrupción

15/09/14. Urbanismo. Un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional relaciona a los grupos empresariales que han promovido el macroproyecto de Los Merinos Norte con la trama de corrupción Pujol Ferrusola. En sesenta páginas, el texto vincula a las sociedades alrededor de Promociones Club de Campo y Golf de Ronda S.L. como responsable de derivar caudales millonarios al patrimonio personal de Pujol.

UNA información de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com que sirve para retratar los últimos tiempos políticos y urbanísticos de la ciudad del Tajo, azotada por la sombra de la corrupción.

EL informe de la UDEF manifiesta que “las millonarias comisiones que consideran no justificadas percibidas por Pujol Ferrusola tienen su génesis en un negocio mayormente involucrado con el área pública de la administración que fue inicialmente concedido por quien en esos momentos era consejero de obras públicas, Felip Puig”. Y remata: “Los beneficiados con la adjudicación, las sociedades FCC y grupo Copisa (Promociones Club de Campo y Golf de Ronda S.L.) de forma indirecta han derivado millonarios caudales al patrimonio personal de Jordi Pujol Ferrusola en los últimos años. Puede leer el informe pinchando AQUÍ.

PROMOCIONES Club de Campo y Golf de Ronda es una de las promotoras del polémico proyecto urbanístico de Los Merinos-Norte, que contemplaba la construcción de tres campos de golf, 800 chalés y varios hoteles de lujo en el término municipal rondeño en sus límites con otros municipios, como Cuevas del Becerro, afectando a acuíferos y suponiendo un grave impacto medioambiental, lo que pronto denunciaron asociaciones ecologistas de la zona. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictada hace dos años acabó con las aspiraciones de los promotores de este complejo, e incluso el PP catalogó el proyecto como un caso de corrupción andaluz.

SIN embargo, los promotores encontraron en el Ayuntamiento rondeño inestimables aliados. Uno de los apoderados de Promociones Club de Campo y Golf de Ronda es Juan Francisco Rueda Orgaz, exconcejal popular en Navaluenga (Ávila). Fue denunciado hace años por agresiones en un pleno municipal, cuando uno de los vecinos del municipio intentó registrar imágenes del mismo con una vídeocámara (ver EQUO denuncia por agresiones al representante del macroproyecto de Los Merinos de Ronda, Juan Francisco Rueda). El denunciante explicó recientemente a esta revista que ganó el juicio, pero que Rueda nunca se presentó en el mismo y que la justicia nunca encontró una cuenta bancaria para que abonara las sanciones y el arreglo de la cámara.

AUN siendo un “caso de corrupción” catalogado por el PP, uno de los principales valedores del complejo urbanístico en el Consistorio rondeño fue el exconcejal de Urbanismo, el por entonces popular José Herrera.

EL de Merinos era un plan que contaba con apoyos de casi todas las fuerzas políticas en el Ayuntamiento de Ronda: PP, PSOE y andalucistas. No hay más que recordar que en el Consejo de Administración de la empresa promotora esta revista descubrió que había militantes y dirigentes de Convergencia y Unió (Joan Roig), el PSOE (Luis Solana) y el PP (Juan Rueda)… de tal manera que lo que separaba la política, lo unía el ladrillo.

EL TSJA tumbó hace dos años el proyecto, promovido también por la empresa catalana Copisa, que pagó 14 millones de euros al Ayuntamiento rondeño. El tribunal se valió de informes de la Junta para declarar la insuficiencia hidráulica del complejo.

De Los Merinos al PGOU

CON el proyecto de Los Merinos vinculado al caso Pujol, la sombra de la corrupción en Ronda se alarga hasta límites insospechados. La semana pasada la exclusiva de esta revista sobre la anulación del contrato de redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ronda provocó que la alcaldesa del pueblo, María Paz Fernández (PP), anunciase al día siguiente la “paralización inmediata” de estos trabajos. Comenzaba así un nuevo capítulo que arrancó hace una década, y que en el tiempo se extiende varios años más, sobre urbanismo en esta localidad malagueña. Un urbanismo azotado por los desfalcos políticos y económicos que cuenta con múltiples tramas, como el caso Acinipo o el referido de Los Merinos.

COMO ya lo fuera la sentencia del TSJA sobre el caso de Los Merinos, esta nueva resolución del alto tribunal andaluz supone un revés al consistorio rondeño. La alcaldesa afirmó la semana pasada que no se esperaba para nada esta sentencia y que desconocía que el recurso que interpuso la exconcejala de IU, Remedios Ramos, existiese. Cuando comenzó el procedimiento, impulsado por Ramos y un exedil del PSOE, Pedro Fernández Coca, la regidora era ya miembro de la corporación por el grupo popular.

LA redacción del nuevo Plan General se planteó siendo alcalde Antonio Marín Lara (PA y después PSOE). En tiempos de este regidor también comenzó el planteamiento del macroproyecto de Los Merinos. La redacción del PGOU, ahora anulada, se adjudicó a la empresa Territorio y Ciudad, que lidera el arquitecto Manuel González Fustegueras. Su sociedad es conocida por ser la ‘solucionadora’ de problemas de la Junta. De hecho, fue la encargada de regularizar más de 30.000 viviendas ilegales en Marbella. Los parches del gilismo que esta compañía ha procurado en aquel municipio no han evitado, sin embargo, la polémica en Ronda.

Otros casos de corrupción

EL municipio rondeño vive desde hace pocos años sumido en diversos casos de irregularidades administrativas y desfalcos políticos. La detención de concejales en el caso Acinipo por malversación de fondos y blanqueo de capitales, entre otras acusaciones, parece ser la punta de lanza de toda una actividad ilícita que se ha venido dando en la ciudad del Tajo.

UNA más de ellas es el caso de los sobresueldos ilegales. El informe de fiscalización de las nóminas de la empresa de basuras de Ronda SOLIAR S.A. realizado por el Servicio Provincial de Asistencia a Municipios (SEPRAM) de la Diputación de Málaga constataba que cuatro directivos de esta sociedad cobraron sobresueldos ilegales de hasta 29.000 euros al año desde 2004 a 2011. Durante parte de este periodo el municipio serrano estaba gobernado por el exalcalde Antonio Martín Lara, imputado desde hace tres años.

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