

ESTE nuevo caso se une al de otros importantes ejemplos desvelados en los últimos tiempos por esta revista y que ponen en evidencia la situación de impunidad que hay en la ciudad con los desmanes urbanísticos, impunidad provocada por la desidia y dejadez del Ayuntamiento para perseguir y sancionar estas ilegalidades. Sando se incorpora así a otro ramillete de casos que afectan a personajes relevantes e ilustres de esta ciudad, para los que parece haber un trato especial desde la Corporación del PP dirigida por Francisco de la Torre: el centro Ruso, el garaje ilegal del director de la Cope, Adolfo Arjona, o las obras menores de la recién estrenada casa del presidente del Partido Popular en Málaga, Joaquín Ramírez. Son sólo una mínima parte de todos los casos que se dan en la ciudad.
LA vivienda que se construye bajo una nueva irregularidad está situada en La Vihuela, una

POR la envergadura de los trabajos que se están realizando y según la clasificación de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) se trata de una obra mayor, que debería tener como dictan las normas un cartel informativo donde se indican datos del tipo de arquitecto encargado, número de licencia concedida, fechas de inicio y fin de obra, descripción breve del trabajo a realizar… Esta información pública, que debe ubicarse en un lugar visible desde el exterior, no aparece en ninguna parte de la parcela de la familia Sando. Algo que, ya de por sí solo, es una infracción.
ESTA revista ha comprobado que en la GMU no consta ninguna petición de licencia de obras para esa vivienda, con lo que no tiene concedido permiso alguno para los trabajos que se están realizando. Es decir, la

LA propia envergadura de Sando como empresa hace aún más incomprensible la ilegalidad: la firma malagueña facturó 759,5 millones de euros en 2006 (un 46,2% más que en 2005) y obtuvo ese año 162,54 millones de euros de beneficios antes de impuestos, según información facilitada por la propia compañía. En los últimos cinco años, el Grupo Sando ha multiplicado por 2,6 veces su cifra de negocios, que fue de 263 millones de euros en 2001. Sus empleados a finales del año pasado ascendían a 1.724 personas.
LA respuesta a todas estas preguntas es simple: impunidad. Es la sensación que provoca la actitud del Ayuntamiento de Málaga y su GMU, encargado de velar por el cumplimiento de las normas con respecto a este tipo de delitos. En Urbanismo, a los trabajadores del servicio de Inspección Urbanística se les llegó a dar hace tiempo la indicación de que no se investiguen por iniciativa propia casos de irregularidades urbanísticas y que sólo se atiendan y tramiten los asuntos que procedan de denuncias de ciudadanos y afectados. Es decir, los inevitables. Incluso las sanciones económicas que por ley se imponen a propietarios que no cumplen dictámenes oficiales de Urbanismo no se ejecutan de forma generalizada y mayoritaria. Las multas se comunican oficialmente pero no se reclaman ni se cobran. Y los derribos de construcciones en Málaga por decisión municipal no existen. Entre esta forma de proceder y fomentar indirectamente la edificación ilegal hay poca diferencia.
CON todo lo explicado anteriormente, que el acalde De la Torre haya decidido recientemente

POR desgracia, en Málaga llueve sobre mojado en estos temas, y la fama del Ayuntamiento de De la Torre alcanza la proyección nacional. Hace poco se conocía que el Defensor del Pueblo (de España), Enrique Múgica, se quejó en su último informe anual de la actitud del consistorio malagueño, que calificó de “entorpecedora” por la falta de colaboración en la tramitación y resolución de asuntos, según publicó el diario El País el 26 de junio. Sólo otra capital de provincia de todo el Estado, Burgos, merece un calificativo similar del Defensor. Múgica, dentro del apartado “Administraciones que han incumplido o se han retrasado notoriamente en responder a los requerimientos del Defensor del Pueblo”, revela varios casos de la capital de la Costa del Sol. En uno de ellos el Defensor pide información al Ayuntamiento de Francisco de la Torre el 5 de septiembre de 2005 tras recibir una queja de un ciudadano sobre construcciones ilegales. “Después de un tercer requerimiento se procedió al cierre el 10 de enero de 2007”, se asegura en el informe, que recoge que el ciudadano ha visto cómo su queja no llegaba a ningún lado debido a la nula colaboración del gobierno municipal. Otro de los casos que cita es “relativo al incumplimiento de convenio sobre desmantelamiento de línea de alta tensión” y por el “peligro por la existencia de una vía de servicio próxima a unas viviendas”. Ejemplos todos de actitud “entorpecedora” y que ya se ha dado en otros años anteriores, también reflejados en los informes anuales del Defensor del Pueblo.
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VEA una Galería de Imágenes de la evolución de las obras del Centro Ruso
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tratarse según él sólo de una poda de pinos
- 18/05/07 Joaquín Ramírez, senador de ¡ESPAÑA! y eterno aspirante por el justiciero
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